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Cambios a la Ley de Cooperativas vuelven a la Comisión de Economía

La idea es estudiar las multas que se establecerán a los directivos de estas entidades pensando en el patrimonio de la cooperativa pero también en el sentido de justicia.

Luego de un intenso debate en Sala, con 35 votos a favor y uno en contra, la Cámara Alta aprobó las ideas matrices del proyecto en primer trámite que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica.

Con este resultado, la norma de autoría de los senadores Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, José Miguel Durana y Álvaro Elizalde, y del ex parlamentario Jorge Pizarro, volverá a la Comisión de Economía para perfeccionar su contenido. De hecho hasta el 16 de mayo se extenderá el plazo para presentar indicaciones.

En concreto, la propuesta busca extender el sistema sancionatorio establecido por la ley N° 20.881, a las cooperativas de trabajo, campesinas, de pescadores, de abastecimiento, distribución de agua potable y escolares, cuyo capital aportado por los socios no exceda de 20 mil unidades de fomento, las cuales fueron, expresamente excluidas en dicha ley.

En la práctica, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía identificó a directivos de estas entidades que cometían faltas que no eran atendidas precisamente porque su cuantía económica, nos las obliga a cumplir con la sanción pecuniaria.

Así se hace aplicable el sistema sancionatorio establecido respecto del funcionamiento de las cooperativas, a aquellas de menor tamaño que no califiquen como de importancia económica, respecto de las cuales, las multas que sea procedente aplicar, deberán ser cursadas hasta por la mitad de los montos señalados para las infracciones cometidas por las demás cooperativas.

Durante la discusión se mencionó la importancia de estas organizaciones considerando su rol social, la viabilidad económica de las cooperativas que no califican como de importancia económica, el temor respecto a que las multas establecidas afecten su patrimonio y la posibilidad de generar penas paralelas.

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