La denominada “Ley Uber” busca que las empresas destinadas al traslado de pasajeros mediante aplicaciones, deban inscribirse en un registro con la información de la empresa, sus conductores y vehículos. Para operar, deben estar constituidas en Chile y contar con seguro para pasajeros y conductores, los que deberán tener licencia profesional, dándose plazo para que la obtengan.
El proyecto de ley, que seguirá con su tercer tramite constitucional en la Cámara de Diputados, permitirá que los taxis puedan incorporarse a las aplicaciones, cumpliendo con uno de los objetivo de la ley que es igualar las condiciones entre taxistas y conductores de aplicaciones.
Para el Senador Iván Moreira, es fundamental que todos cumplan con las mismas obligaciones, asegurando que en la región de Los Lagos, hay preocupación de los gremios de taxistas por la nula regulación en la que se encuentran los conductores de aplicaciones.
“Este proyecto busca regular aquello que ya es imposible prohibir. Las plataformas, con su sencillez, accesibilidad y seguridad para los usuarios llegaron para quedarse; pero deben competir en igualdad de condiciones que los taxis que deben cumplir con las obligaciones que el Estado impone para el transporte público de pasajeros. Los gremios de taxistas de la Región de Los Lagos me han hecho llegar su preocupación por la falta de regulación de estas aplicaciones y los problemas que han ocurrido con el cierre del Registro de taxis en la región y he pedido oficios al Ministerio de Transporte para que busque soluciones cooperativas a este tema”.
El Senador UDI destacó otros aspectos de la iniciativas, como el no fijar la tarifa por ley y la exigencia de identificación, que permitirá reducir asaltos y robos de vehículos.
El congresista explicó que con esta legislación desaparece la incertidumbre ante fiscalizaciones y multas, solucionando en parte el conflicto que por años mantienen conductores de aplicación y taxistas, generando accidentes de tránsito, persecuciones y peleas entre conductores, originadas en buena medida por la competencia desleal que se produce en el rubro.
