La Sala del Senado otorgó su respaldo unánime y transversal al informe de Comisión de Mixta sobre esta iniciativa que significa uno de los más importantes cambios culturales de la última década.
En Chile, existen más de 3 millones de personas con algún grado de discapacidad y desde 2018 la ley de inclusión laboral para el sector si bien significó avances significativos, quedaron en evidencia algunas debilidades, tales como su ámbito de aplicación, cumplimiento y oportuna fiscalización.
Por ello, el Senado despachó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias surgidas en torno al proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
La iniciativa tiene por objeto promover efectivamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad, su permanencia en el empleo y acceso a puestos de trabajo acordes a su formación y calificaciones.
Así lo detalló el senador Luciano Cruz Coke, presidente de la instancia quien recalcó que, en lo fundamental, el texto legal originado en un mensaje y mociones refundidas de senadores y senadoras pone énfasis en el cumplimiento de la obligación de contratación y de las leyes laborales, tanto en el sector público como en el privado.
Las principales divergencias resueltas por la instancia mixta tuvieron relación con la disposición que exige a las instituciones públicas y privadas el cumplimiento de la cuota (2%) de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.
Así como la norma que exige a las empresas un protocolo de ambientes laborales y la exigencia de no destinar más del 50% de la donación de recursos a una única organización, entre otros aspectos.
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores y senadoras Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Fidel Espinoza, Alejandra Sepúlveda, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Enrique Van Rysselberghe, Francisco Huenchumilla, Gastón Saavedra, Jaime Quintana, Yasna Provoste, Ricardo Lagos y Ximena Rincón.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de perfeccionar la legislación que data de 2018 de modo de suplir una serie de falencias que están dificultando su plena aplicación. Asimismo, precisaron que partiendo por el propio Senado “se debe dar el ejemplo, integrando al mundo laboral a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez”.
Por otro lado, destacaron que el proyecto apunta a una fiscalización más efectiva en instituciones públicas y privadas, además de aumentar la cuota de contratación. En esa línea, se entregan funciones a la Contraloría y se especifican las obligaciones de las jefaturas del sector público, así como crear la figura de gestor de inclusión.
Diversos parlamentarios y parlamentarias pusieron énfasis en la necesidad de promover cambios culturales que inciden positivamente en los climas laborales y que “promuevan un crecimiento como sociedad”. Asimismo puntualizaron la necesidad de seguir avanzando en las metas de inclusión laboral con incentivos concretos, más que con un enfoque sancionatorio.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, agradeció el grado de acuerdo y la transversalidad del apoyo a esta iniciativa.
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