Esta semana, Blanco y Negro decidió tomar cartas en el asunto y presentó una querella ante el 13.º Juzgado de Garantía de Santiago contra 15 personas identificadas por los desmanes ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental. Ese día, antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, murieron dos hinchas y se vivieron hechos de violencia extrema.
La concesionaria acusa a estos individuos de una larga lista de delitos: desórdenes públicos, daños a la propiedad, porte ilegal de armas, uso de fuegos artificiales y usurpación de identidad. Todo esto en el marco de lo que consideran una acción organizada, con daños graves dentro del estadio, incluso invasión de cancha y uso de pirotecnia.
Las cámaras de seguridad y el personal del estadio ayudaron a identificar a los involucrados. Los destrozos que dejaron se estiman en cerca de 480 millones de pesos, incluyendo vidrios, paneles publicitarios y elementos de seguridad.
Pero lo más grave: entre los acusados aparece Gustavo Adolfo Pradenas Guerrero, quien ya había estado preso por homicidio en 2007 y fue liberado en 2017. Además, tiene antecedentes por robo con intimidación y receptación. A pesar de tener prohibido el ingreso a recintos deportivos, entró al estadio usando una identidad falsa.
No fue el único. Otro caso similar es el de Víctor Manuel Pérez Guajardo, también con restricción, que entró al estadio con documentos falsos.
Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que varios de los acusados ya tenían vetos de ingreso de hasta 18 años. Recalcó que erradicar la violencia de los estadios es una urgencia.
Colo-Colo, en su presentación judicial, fue claro: estos hechos no solo dañan al club y su imagen en pleno año del centenario, sino que también ponen en riesgo la continuidad del fútbol como espectáculo familiar y seguro.
La Fiscalía Oriente ya tiene en sus manos todos los registros audiovisuales entregados por el club para seguir adelante con la investigación.
