Esta mañana, en la segunda sala del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, se realizó la formalización de la investigación por la muerte del pequeño Konrad Schulz Mondaca, de tres años, fallecido por asfixia en una piscina del Complejo Turístico Aguas Calientes, Puyehue, al ser succionado por un ducto del desagüe de una de las piscinas termales. El hecho ocurrió el pasado 09 de febrero del 2018.
Durante la jornada de hoy, se dictaron las medidas cautelares para los cinco imputados identificados como: José Ojeda operario de la válvula, Rodrigo Manríquez, gerente de Operaciones; Mario Mora, Jefe de Mantención, Margorie Mayorga, Jefa de Spa y piscinas de Termas Aguas Calientes y Andrés Sanhueza, gerente del complejo, investigados por cuasidelito de homicidio, ante su responsabilidad en los hechos, tanto como operarios y como jefaturas encargados de fiscalizar el correcto funcionamiento del lugar. Para ellos, Fiscalía solicitaba arraigo nacional y firma mensual.
En la audiencia, los imputados hicieron uso de su derecho de guardar silencio, siendo solo la Defensa del ex gerente, quién intentó oponerse o cambiar a las cautelares solicitadas, pues según se informó, su domicilio actual es en Francia.
Finalmente, el Juez acogió lo solicitado por la fiscal María Angelical de Miguel, y los cinco investigados deberán firmar el último viernes de cada mes, en la comisaria o Fiscalía más cercana a su domicilio. Además todos quedaron con arraigo nacional, por lo que no podrán del país durante los 120 días que dure la investigación.
A la salida de la audiencia, Hanz Schulz, padre del pequeño Konrad, señaló que: «lo sucedido hoy día era esperable, no estamos ni contentos ni enojados. Queremos luchar por que el sistema de reglamentos de piscinas se cambie y no mueran mas niños. Trataremos de llegar a las últimas consecuencias y pedir justicia y cárcel para los responsables de esto». Por su parte, Alejandra Mondaca, madre del menor, indicó que: «estamos desilusionados de la ley chilena, por que esto no lleva penas efectivas y para eso estamos trabajando. Ya se presentó una ley para que las penas sean efectivas y sean de 3 a 5 años de cárcel». A su vez, Alejandra hizo saber su molestia pues días antes del accidente «esta piscina fue autorizada por el Seremi», a pesar que se supo que el filtro o rejilla de protección no estaba. «Estaba frente a mi hijo y lo vi saltar al agua y no lo vi salir… y me volví loca, no supe si desapareció, si me lo robaron, no supe si pestañee más de dos segundos. Nunca supe que había un conducto abierto, un ducto sin rejilla y que mi hijo se fue por dentro», cerró una acongojada madre.
María Angélica de Miguel, Fiscal Jefe , entregó mayores detalles de lo requerido por el ente persecutor: «El día de hoy se ha dado cuenta de la formalización contra estas cinco personas, específicamente contra quién abre la compuerta, pero además por sobre los demás que están en la cadena de mando, que por una posición de garantes, o sea debiendo garantizar la seguridad de las personas y debiendo realizar los actos para que esto se garantice no lo hicieron». La fiscal explicó que se trata de un «cuasidelito de homicidio», pues no existe dolo o intención de causar daño, pero si culpa o negligencia, pues «el actuar de todas estas personas fue negligente ya que esa rejilla hace tiempo no se encontraba en el lugar y no obstante a eso, y comúnmente se hacia, vaciaban la piscina con gente en su interior para propender que estos hagan abandono del lugar».
Sobre la investigación, de Miguel, informó que se han periciado computadores del complejo turístico, y se han entrevistado a los imputados, encontrando que hubo intentos de falsear documentos y testimonios «se investiga cuando fueron creados los protocolos y reglamentos, por que tenemos claro que fueron entregados a las personas cuando ya habían ocurrido los hechos. Hay peritajes que esos documentos se crearon posteriormente a la muerte del menor. Un hecho detestable. Ademas se estableció, por parte de los trabajadores, que una de las imputadas les habría señalado que dijeran que esa rejilla estaba el día de los hechos y que un turista la habría sustraído, cosa que por peritajes y demás declaraciones se pudo establecer que esa rejilla hace mucho tiempo que no estaba en el lugar». La fiscal lamentó la baja pena que arriesgan los imputados, la que va entre 61 a 540 días de pena efectiva pues «la legislación contempla para este tipo de ilícitos una pena baja, lo que no se condice con la gravedad del hecho».
