En el oficio enviado por el Presidente de la República se explican las consideraciones que motivaron la declaratoria de estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, así como la necesidad de mantener la medida frente a la permanencia de hechos de violencia en la macro zona. En el debate hubo claro apoyo del oficialismo, mientras que en la oposición se presentaron posiciones divididas.
Por 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió a trámite al Senado la solicitud del Presidente de la República para extender por 15 días la declaratoria de estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) para dos provincias de Biobío y dos de La Araucanía.
La medida estuvo definida primariamente también por 15 días. Tuvo su inicio el 12 de octubre de 2021, vía decreto, y fue prorrogada por la misma vía el pasado 26 de octubre.
En el oficio se recuerda que la medida se decretó por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía.
Se explica que la motivación estuvo dada en el “preocupante aumento y concentración de actos de violencia”. Esto, vinculado al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados.
Se comenta que fue necesario prorrogar la declaración inicial atendiendo la permanencia de hechos de violencia en la macrozona. Sin embargo, se recuerda que la norma constitucional obliga al Presidente a solicitar una nueva prórroga al Congreso Nacional, hecho que se verifica en el presente acto.
Datos
El citado oficio aporta antecedentes puntuales de hechos de violencia en las zonas descritas. Asimismo, acompaña declaraciones de la Corte Suprema y datos policiales.
Respecto de estos últimos, resalta que se han hecho en el periodo más de 20 mil controles y 59 detenidos. También se afirma que ha habido una disminución de los hechos violentos en la zona. Así, se constata una reducción a casi la mitad de los atentados incendiarios y de un 88% en el caso de las usurpaciones, en comparación a las semanas previas.
Empero lo anterior, se sostiene que queda mucho por hacer para desbaratar las bandas que ejercen violencia. “Es deber del Estado cumplir con su tarea fundamental, cual es la de proveer seguridad a las personas, permitir que vivan en paz para ejercer sus libertades y derechos sin miedo y sin violencia, para lo cual debe valerse de todos los medios que le confiere la Constitución Política de la República y las leyes, incluyendo aquellas que permiten una mejor coordinación entre las FFAA y las policías”, plantea el Ejecutivo en el documento.
