Los requerimientos presentados por extranjeros en situación irregular pasaron de 1.946 durante 2024 a más de 4.200 en 2025. El aumento motivó la presentación de un proyecto que busca sancionar los matrimonios y acuerdos celebrados únicamente para obtener beneficios migratorios.
Un fuerte incremento registraron en Chile las solicitudes de residencia temporal presentadas por extranjeros en situación migratoria irregular después de celebrar un Acuerdo de Unión Civil con ciudadanos chilenos.
Según antecedentes atribuidos al Servicio Nacional de Migraciones, estos requerimientos aumentaron desde 1.946 en 2024 a más de 4.200 durante 2025, lo que representa un crecimiento superior al 100% en un año.
Las cifras abrieron un debate respecto de un eventual uso instrumental de esta figura legal para regularizar la permanencia de extranjeros en el país. Sin embargo, las autoridades han recalcado que el aumento estadístico no permite, por sí solo, concluir que las uniones sean fraudulentas.
Denuncian posibles asesorías para concretar uniones
Organizaciones vinculadas a comunidades migrantes solicitaron investigar denuncias relacionadas con supuestas agencias o intermediarios que ofrecerían facilitar acuerdos entre extranjeros y ciudadanos chilenos.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, estos servicios cobrarían montos de hasta $2 millones para coordinar un matrimonio o Acuerdo de Unión Civil que posteriormente pudiera ser utilizado como respaldo en una solicitud migratoria. Hasta ahora, estas situaciones corresponden a denuncias que deben ser investigadas y no permiten generalizar respecto de todas las parejas conformadas por chilenos y extranjeros.
Desde el Movimiento Inmigrantes para el Desarrollo señalaron que el fenómeno también debe analizarse considerando las extensas esperas que pueden enfrentar las personas extranjeras durante la tramitación de sus permisos.
Su secretario general, Rolando Prophiete, afirmó que algunos procedimientos relacionados con la residencia definitiva pueden demorar entre uno y tres años, situación que llevaría a ciertas personas a considerar que formar un núcleo familiar con un ciudadano chileno aumentaría sus posibilidades de obtener una respuesta favorable.
Registro Civil pide atribuciones para fiscalizar
El Servicio de Registro Civil e Identificación explicó que actualmente su función consiste en comprobar la identidad de quienes concurren a celebrar el acuerdo y verificar que cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
El organismo sostuvo que necesitaría nuevas atribuciones legales para intervenir frente a eventuales indicios de simulación o fraude. También enfatizó que el alza de las solicitudes no constituye, por sí misma, evidencia de que todos los acuerdos tengan fines migratorios.
Presentan proyecto para crear un nuevo delito migratorio
En medio de la controversia, un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de ley destinado a sancionar los matrimonios y Acuerdos de Unión Civil celebrados con la finalidad exclusiva de eludir la normativa migratoria.
La iniciativa propone modificar la Ley de Migración y Extranjería para tipificar como delito la utilización fraudulenta de estos vínculos con el propósito de conseguir permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios. También busca establecer responsabilidades para los intermediarios que participen en la coordinación de estas operaciones.
El proyecto fue impulsado por los senadores Iván Flores, Arturo Squella, Paulina Núñez, Paulina Vodanovic y Daniella Astudillo, quienes solicitaron el respaldo del Ejecutivo para avanzar en su tramitación. La propuesta contempla penas de cárcel, multas y la revocación de los beneficios migratorios obtenidos mediante engaño.
La discusión legislativa deberá determinar los mecanismos que permitirían acreditar que una unión fue simulada, procurando sancionar los casos fraudulentos sin afectar a las parejas que mantienen relaciones reales y legítimas.
