La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado despachó un proyecto de ley que establece un mecanismo extraordinario para regularizar la pequeña propiedad raíz en situaciones de catástrofe, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias damnificadas a programas de reconstrucción y beneficios habitacionales.
La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia suma, propone modificaciones al Decreto Ley N.º 2.695 de 1979, incorporando un procedimiento especial que permitiría reducir de 26 a aproximadamente seis meses el tiempo de regularización de una propiedad.
El proyecto fue analizado por la comisión presidida por el senador Sergio Gahona y busca entregar mayor certeza jurídica a quienes han perdido sus viviendas producto de incendios forestales, inundaciones y otros desastres naturales.
Regularización gratuita para familias damnificadas
Uno de los principales aspectos de la propuesta es establecer la gratuidad de los trámites de regularización para las personas afectadas por catástrofes que acrediten su condición mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
De aprobarse la iniciativa, los beneficiarios quedarían exentos del pago de mensuras, publicaciones, certificados, copias e inscripciones ante el Conservador de Bienes Raíces.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, explicó durante la discusión que muchas familias enfrentan dificultades para acceder a subsidios de reconstrucción debido a que, pese a ocupar sus terrenos, no cuentan con títulos de dominio regularizados.
Esta situación constituye una barrera administrativa que puede retrasar el acceso a soluciones habitacionales después de una emergencia.
Tramitación podría reducirse a seis meses
El proyecto contempla una serie de modificaciones destinadas a agilizar los procedimientos administrativos y disminuir los tiempos de espera.
Entre las medidas propuestas destaca la reducción del proceso habitual de regularización, que actualmente promedia 26 meses, a un plazo estimado de seis meses en situaciones de catástrofe.
Asimismo, se establecen plazos obligatorios de 15 días para la emisión del informe jurídico fundado y otros 15 días para realizar la mensura técnica en terreno.
Otra modificación considera mejorar la coordinación entre distintos organismos públicos, permitiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales, el Serviu, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, las municipalidades y los conservadores de Bienes Raíces intercambien información directamente.
De esta manera, se busca evitar que las familias deban solicitar reiteradamente documentos y certificados que ya se encuentran en poder de instituciones del Estado.
Medida se aplicaría durante estados de catástrofe
La propuesta establece que este mecanismo extraordinario podrá utilizarse durante la vigencia de un Estado Constitucional de Catástrofe y hasta seis meses después de su término.
La iniciativa surge como respuesta a las dificultades que han enfrentado miles de familias afectadas por emergencias de gran magnitud, como los incendios forestales de Valparaíso en 2024, los siniestros registrados en Ñuble y Biobío durante 2026, y los sistemas frontales e inundaciones que han afectado a distintas zonas del país.
El objetivo es que las personas damnificadas puedan resolver con mayor rapidez su situación de dominio y avanzar en la reconstrucción de sus viviendas.
Proyecto contempla protección de derechos de terceros
Pese a la simplificación de los procedimientos, el proyecto mantiene mecanismos destinados a proteger los derechos de terceros que pudieran verse afectados por una solicitud de regularización.
Entre ellos se incluyen publicaciones en el Diario Oficial, notificaciones mediante sitios web institucionales, instalación de letreros visibles en los inmuebles y la posibilidad de presentar oposiciones administrativas.
Estas medidas buscan garantizar que los procedimientos extraordinarios mantengan condiciones de publicidad y transparencia.
Iniciativa continúa su tramitación legislativa
Tras su despacho desde la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, el proyecto deberá continuar las etapas correspondientes de su tramitación en el Congreso Nacional.
De convertirse en ley, permitiría contar con un procedimiento especial para que las familias afectadas por futuras catástrofes puedan regularizar sus terrenos de manera más rápida y acceder con mayor facilidad a los instrumentos de apoyo habitacional del Estado.
Cabe señalar que las nuevas disposiciones aún no se encuentran vigentes, ya que requieren completar su tramitación legislativa y posterior publicación como ley.
