La instancia fue creada con el objetivo de abordar cómo se vinculan las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, profundizar la transparencia y fortalecer la agenda de probidad del Gobierno.
El Gobierno anunció la creación de la Comisión para la regulación de la relación entre el Estado, fundaciones y corporaciones en julio, con el objetivo de profundizar la agenda de probidad. Este órgano elaboró un informe con una propuesta de medidas que fueron entregadas al Presidente Boric este lunes.
La comisión de probidad comenzó a funcionar de forma preliminar el 7 de julio y desde que la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días consecutivos, hasta el 26 de agosto.
Los integrantes de la Comisión de probidad para regular la relación entre el Estado con fundaciones y corporaciones son:
- María Jaraquemada, (presidenta de la instancia)
- Ramiro Mendoza, Jeannette von Woldersdorff
- Ignacio Irarrázaval
- Ignacio Agüero
- Valeria Lübbert (secretaria ejecutiva)
Durante los 45 días que duró la comisión se llevaron a cabo 30 sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que expusieron 42 representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales.
Finalmente, el informe de la Comisión elaboró 46 propuestas, como resultado de un proceso de estudio y participación de los diferentes actores que participaron.
A continuación te mostramos 13 de las medidas a destacar del informe emitido por la Comisión sobre la forma en que se relaciona el Estado con instituciones privadas sin fines de lucro.
Medidas sobre formas de relacionamiento de fundaciones y corporaciones con el Estado
En el informe se destacan varias medidas relacionadas con fundaciones y corporaciones y la manera en que se vinculan con el Estado, las que puedes ver a continuación:
Ley general de transferencias
El informe de la Comisión propone la creación de una ley permanente que regule de manera general las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro, así como también de modo supletorio.
Ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec)
La medida consiste en ampliar la cobertura del SISREC de Contraloría, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
Lo anterior implica además asegurar la interoperabilidad entre:
- SISREC
- Portal de Transferencias (medida propuesta)
- Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro del Registro Civil
Medidas sobre transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre fundaciones y corporaciones
Entre las medidas del informe, se contemplan las siguientes para el fortalecimiento de la transparencia en organismos estatales y registros relevantes sobre instituciones privadas sin fines de lucro:
Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile
Crear un Registro de Personas Jurídicas de acuerdo con estándares y buenas prácticas del FMI y de la OCDE.
Portal de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro
Se propone la creación de un portal electrónico que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
Medida sobre transparencia activa de las instituciones privadas sin fines de lucro
La comisión propone el establecimiento de obligaciones de publicar cierta información en los sitio web de las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).
Medidas sobre gobierno corporativo en las IPSFL
Respecto a gobierno corporativo en las instituciones privadas sin fines de lucro, se propone un mayor control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio.
De esta manera, se busca integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
Medidas del sistema de control, infracciones y sanciones
A continuación puedes revisar las medidas propuestas acerca del sistema de control, infracciones y sanciones, de acuerdo a lo entregado por la comisión de probidad:
Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal
Esta medida consiste en establecer la obligación de informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación.
La propuesta se indica para proyectos de inversión o iniciativas, independientes del monto, y también se incluye a gobernadores respecto del Core.
Reducir el rango de 7.000 UTM la inversión previsto en la Ley de Gobiernos Regionales
Se propone reducir el monto para el cual se requerirá, por el Gobernador Regional, la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas.
En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas.
Establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a IPSFL
Establecer normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación relativas a incumplimientos por parte de IPSFL respecto de transferencias públicas, con un catálogo posible de medidas, de carácter proporcional a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión.
Normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común
Se propone incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
Fortalecimiento y mayor autonomía de la Auditoría Interna
Proponemos que el CAIGG esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
Permitir que Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional
Se propone otorgar la legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, para que sea el TER Regional quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves.
Medida adicional de seguimiento
Además, se propone una medida adicional de seguimiento y rendición de cuentas propuestas y recomendaciones.
Se debe avanzar en una adecuada rendición de cuentas y trazabilidad hacia la sociedad civil de cómo se recogen e implementan.
