Un nuevo conflicto de alta sensibilidad institucional se ha desencadenado al interior del Hospital Base San José de Osorno, luego de que un funcionario público jefe departamento juridico, el abogado Carlos Eduardo Currieco Pavie, interpusiera una querella penal por los delitos de calumnias con publicidad e injurias graves escritas en contra de cinco dirigentes del estamento profesional agrupado en la FENPRUSS, Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, base Osorno.
Los querellados, todos funcionarios públicos y representantes del estamento profesional del hospital, habrían emitido y difundido una declaración pública con acusaciones de extrema gravedad en contra de la gestión jurídica liderada por Don Carlos Currieco Pavie.
El documento —titulado “Declaración de FENPRUSS ante irregularidades en el Departamento Jurídico”— fue no solo distribuido internamente, sino también enviado de manera formal al Ministerio de Salud, mediante el Ordinario N.º 33, firmado por el director subrogante del hospital San José de Osorno. En él se le atribuyen al funcionario hechos presuntamente delictuales, como encubrimiento de acosadores sexuales, omisiones dolosas y la supuesta existencia de un “círculo de poder” protector de conductas ilícitas.
Según la querella, dichas imputaciones “carecen absolutamente de sustento fáctico, y fueron proferidas de manera maliciosa, con pleno conocimiento de su falsedad”, afectando gravemente la honra, la imagen profesional y la integridad institucional del funcionario.
“La honra de un funcionario público no es un bien prescindible ni negociable”, afirmó el defensor penal privado Carlos Salazar Salazar, quien representa al querellante. “Estamos ante un caso paradigmático donde el legítimo rol fiscalizador de un gremio se ha transformado en una herramienta para propalar afirmaciones infundadas, dañinas y difamatorias, que no solo lesionan a una persona, sino que erosionan la confianza pública en el propio hospital y en el servicio de salud”, agregó.
La acción penal fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Osorno, y se fijó la audiencia de conciliación y preparación de juicio para el próximo 16 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en la sala N.º 1 del tribunal. En caso de no alcanzarse acuerdo, se procederá de inmediato bajo procedimiento simplificado.
El abogado querellante solicitó además una serie de diligencias al Ministerio Público, entre ellas la citación como testigos del director del hospital y de la subdirectora médica, así como el requerimiento de documentos oficiales al Ministerio de Salud y a FENPRUSS nacional y local, con el fin de esclarecer el impacto y la difusión de la declaración injuriosa.
Este caso pone en el centro del debate los límites entre la libertad de expresión gremial y el resguardo del honor funcionarial, especialmente en un contexto donde las acusaciones públicas sin sustento pueden tener consecuencias penales reales. Para muchos observadores del sector salud, este conflicto podría constituir un precedente relevante en la relación entre asociaciones gremiales y altos funcionarios públicos en el ámbito hospitalario.
