Durante el debate que se dio en el Senado, los parlamentarios reconocieron que la norma se tramitó contra el tiempo dado que el domingo 12 de mayo, venció la prórroga entregada por la Corte para el cumplimiento del fallo de la tabla de factores de riesgo.
Por 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que buscó zanjar diferencias entre las Cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de Isapres. Posteriormente, los diputados y diputadas hicieron lo propio, por lo que el texo quedó en condiciones de ser promulgado como ley .
Durante la sesión especial, realizada el lunes 13 de mayo, los congresistas analizaron las condiciones en que quedó la norma que fue rechazada casi en su totalidad en el segundo trámite por la Cámara Baja, la forma en que el Ejecutivo intentó reponer la redacción y la solución a la que llegó la Mixta.
Los argumentos hicieron referencia a la salud como un derecho humano, la situación de miles de pacientes en los sistemas privados y públicos, la gestión de las Isapres con sus afiliados, los fallos de la justicia, el efecto dominó que parte con los prestadores, la necesidad de una ley larga y la eficiencia que tendría esta nueva normativa que debió elaborarse bajo presión.
Cabe consignar que el pasado domingo venció la prórroga entregada por la Corte Suprema a la Superintendencia de Salud, para hacer cumplir el fallo que obliga a las Isapres a usar la tabla única de factores de riesgo. Ello implica devolver los excedentes cobrados a sus afiliados. Este proyecto buscó hacer viable ese desembolso dado que su cuantía hacía quebrar el sistema.
LO APROBADO EN MIXTA
Consejo Consultivo (entidad que tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las Isapres): será una entidad no vinculante y transitoria.
Cumplimiento de la sentencia:
La adecuación de los planes de la nueva tabla de factores debe ocurrir simultáneamente con el ajuste de los planes vigentes al 7%.
El cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes.
El alza extraordinaria se materializará mediante una prima extraordinaria que considerará los costos operacionales, costos no operacionales y medidas de contención de costos.
El techo de la prima será un 10% de los contratos a julio de 2023
Los mayores de 65 años tendrán un pago preferente (en 5 años), y los mayores de 80 años (en 2 años)
Se permite un pago anticipado voluntario mediante transacciones realizadas por la Superintendencia de Salud.
Plazo de 13 años para que las Isapres paguen la deuda (afiliados menores de 65 años)
Disposiciones varias: sanciones a las Isapres por retiro de utilidades mientras se ejecuta el plan de pago, reajuste de la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES), entre otras.
Creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA: se extiende el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley. Así se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa. Este criterio se generó en el marco de la pasada ley de reajuste del sector público. El proceso de adecuación de los precios base será sin contención de costo por los próximos 3 años, 2025, 2026 y 2027.
DEBATE
El presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya describió el trabajo de la instancia explicando que “se analizó casi la totalidad del texto porque la Cámara rechazó prácticamente todo (..) A pesar de la presión del tiempo, se logró llegar a tiempo. Ahora contamos con un Consejo Consultivo, la MCC, un equilibrio financiero del sistema privado con un plan de pago, una prima de reajuste, un ICSA ajustado (…) También se logró que, en octubre, el Gobierno presentará la ley larga que deberá terminar con las preexistencias y creará un plan universal”.
Luego, la ministra de Salud, Ximena Aguilera puso el acento en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y la responsabilidad que ha tenido el Gobierno y los parlamentarios en la tramitación del proyecto. “Una insolvencia masiva de la industria arrastraría a prestadores privados que afectan a toda la población. Este proyecto es fundamental para asegurar los tratamientos de todos los pacientes en su conjunto, por eso llamo a que se apruebe la norma”, manifestó.
