En entrevista con el canal 24 Horas, la secretaria de Estado aclaró que esta iniciativa no eliminará las tres causales vigentes desde 2017 —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación— sino que se tratará de un proyecto complementario, cuyo objetivo es ampliar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de acreditar causales específicas.
“Este proyecto no implica eliminar las tres causales. Al contrario, las mantiene como garantía de atención médica, pero además incorpora una nueva posibilidad, que es el aborto voluntario hasta las 14 semanas”, explicó Orellana. Según la ministra, esta propuesta busca reconocer el derecho de las mujeres a decidir de forma autónoma y segura durante las primeras etapas del embarazo.
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa final de redacción y, de acuerdo a lo señalado por Orellana, será ingresado al Congreso antes del 30 de junio, cumpliendo así el plazo comprometido por el Ejecutivo. “Es un compromiso del programa de Gobierno del presidente Boric, que busca ampliar derechos y proteger la salud y la dignidad de las mujeres”, enfatizó.
Debate político anticipado
Como era de esperarse, la iniciativa ya comenzó a generar reacciones desde diversos sectores políticos. Desde la oposición han manifestado su rechazo a la propuesta, argumentando que se trata de un retroceso en la protección de la vida del que está por nacer. Por su parte, organizaciones feministas y de derechos humanos han valorado el anuncio, señalando que Chile necesita avanzar hacia un modelo de justicia reproductiva más amplio, que deje de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos.
“Este anuncio representa un paso clave para que Chile deje de estar entre los países que siguen castigando con cárcel a mujeres que deciden abortar fuera de las causales. La autonomía sobre nuestros cuerpos no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho”, declaró una vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile.
Contexto regional y social
Chile fue uno de los últimos países en América Latina en permitir el aborto bajo ciertas condiciones. La ley de las tres causales fue aprobada recién en 2017, tras años de discusión legislativa y fuerte presión social. Aun así, diversos informes han advertido sobre las barreras de acceso, la objeción de conciencia institucional y la falta de cobertura médica oportuna, lo que ha dificultado la implementación efectiva de la ley.
En ese sentido, el nuevo proyecto también buscaría abordar las falencias del sistema actual, incluyendo aspectos como la capacitación de los equipos médicos, el fortalecimiento de la red pública de salud y la garantía de acompañamiento emocional y psicológico para quienes decidan interrumpir su embarazo.
Próximos pasos
La ministra Orellana indicó que durante las próximas semanas se intensificará el diálogo con parlamentarios, gremios de salud, organizaciones sociales y universidades para socializar el proyecto y asegurar una discusión informada en el Congreso.
El Gobierno espera que este debate se dé en un marco de respeto, pero también con sentido de urgencia, considerando que muchas mujeres siguen optando por abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus vidas y su salud.
“La criminalización del aborto no evita que ocurra. Lo que evita es que sea seguro y digno. Nuestro compromiso es avanzar hacia una legislación que refleje los valores democráticos y los derechos humanos de todas las personas”, concluyó la ministra.
