La Comisión de la Mujer y la Equidad de Género escuchó a la Ministra Antonia Orellana y a representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, quienes se refirieron a la moción que fue priorizada durante la última cuenta presidencial.
Perfeccionar las actuales normas que regulan el principio de igualdad de remuneraciones en la legislación chilena, con el objeto de dotarlas de mayor efectividad y herramientas para asegurar su cumplimiento, es la idea matriz del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que comenzó a ser analizado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género.
Cabe recordar que la moción, que responde a una serie de boletines refundidos, fue uno de los temas priorizados por el Presidente de la República, durante su última cuenta pública.
Durante su última sesión, la instancia especializada, presidida por la senadora Loreto Carvajal, conoció los alcances de la norma, a través de las exposiciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y del coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco Neira.
Desde el Ejecutivo adelantaron que se están preparando una serie de indicaciones en orden a alcanzar el reconocimiento pleno del derecho de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor; amplitud de la garantía del cumplimiento del principio, que incluye el perfeccionamiento de los procedimientos de denuncia.
Además, se incorporarán medidas proactivas y promocionales para alcanzar el principio; esto, con evaluación de puestos de trabajo, Plan de Igualdad y Comité de Igualdad de Remuneraciones; además del establecimiento de medidas de publicidad o reputacionales para las empresas.
Al respecto, Orellana aclaró que se avanza en establecer principio de igualdad de remuneración por mismo trabajo o para uno que se le atribuye un mismo valor y detalló que el valor del trabajo se determina con elementos tales como: educación y formación, grado de responsabilidad, las condiciones de trabajo, los esfuerzos que debe involucrar (evaluación inherente al cargo).
En esta línea aclaró que “no entra: la antigüedad, beneficios específicos asociados a la persona, como maternidad; y otro tipo de incentivo que puedan poner los empleadores a la persona y no al perfil laboral”.
Las y los senadores manifestaron la pertinencia de la norma, pero dejaron constancia una serie de dudas, entre otras, la consideración de recursos necesarios para fiscalización.
Además, se llamó a buscar alternativas ante las bajas denuncias, además de establecer elementos que permitan monitorear el tema y considerar aspectos que permitan educar, como fórmulas de preparación para la puesta en marcha.
