El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Daniel Lilayú, anunciaron que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se querelle contra los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Además, comunicó el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para que inicie los sumarios correspondientes y se identifique a los responsables.
La información fue revelada por la propia Contraloría, tras un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones (PDI), las bases de datos de funcionarios públicos, y los registros de licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. El estudio detectó más de 35.585 licencias presuntamente irregulares, con un promedio de reposo de 17,7 días. Un 69% de ellas corresponde a usuarios de Fonasa y un 31% a Isapres.
Al respecto, el diputado señaló que “es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas. Esta es plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos.”
A su vez, el diputado Daniel Lilayú sostuvo que “aquí hay un abuso grosero. Se trata de funcionarios públicos que, usando licencias presumiblemente fraudulentas, viajaron fuera del país. Es un robo a los recursos de todos los chilenos, y además daña profundamente la fe pública. Pero también hay que investigar a quienes emitieron esas licencias médicas. No puede haber impunidad.”
En la misma línea, el representante del distrito 25 subrayó que “esto es gravísimo. Estamos ante un uso indebido de un instrumento público como son las licencias médicas, por parte de personas que deberían dar el ejemplo. Mientras tanto, hay chilenos realmente enfermos que no tienen acceso a licencias, o deben esperar meses para que se las paguen. Aquí no puede haber tolerancia. Los responsables deben asumir las consecuencias y devolver los recursos mal utilizados.”
Para finalizar, el parlamentario gremialista también llamó al Ministerio de Hacienda a tomar medidas para recuperar los recursos defraudados, y anunció que impulsarn una revisión al sistema de emisión y fiscalización de licencias médicas para impedir que se repitan estos hechos.
