Finalmente este sábado, en el Tribunal de Garantía de Osorno, se realizó la audiencia de formalización de los dos detenidos tras lanzar una bomba molotov al interior de la iglesia Luterana, en Francke, en momentos que Daniel Jadue encabezaba una actividad pública. Tras escuchar al Ministerio Público y Defensa, el juez determinó que ambos detenidos, de 19 y 20 años, se mantendrán en prisión preventiva, los 60 días que dure la investigación.
Narciso García González, Fiscal adjunto de la Fiscalía de Osorno, explicó que «se formalizaron a los dos imputados por los delitos de incendio frustrado y atentado con bomba molotov, en el marco de la ley de control de armas. Los pasos a seguir por el Ministerio Público, será «afirmar los detalles de la investigación, determinar a cabalidad el hidrocarburo que tenía la molotov y la toma de declaraciones de testigos». El persecutor agregó que «la acción oportuna de los asistentes a este conversatorio fue lo que finalmente, y así lo acogió el tribunal, permitiera que no se expandiera el fuego y que esta bomba no explotara».
Por su parte, Gerardo Norambuena Álvarez, abogado defensor del sindicado de lanzar el artefacto incendiario, señaló que se analizará los antecedentes para «eventualmente acudir a la Corte de Apelaciones para apelar la prisión preventiva, para lo que tenemos plazo de cinco días» Sobre los argumentos para esta apelación se encuentra, que a juicio de la defensa, no existe delito de incendio, toda vez que no se provocó fuego alguno dentro de la iglesia. El segundo argumento dice relación con la «idoneidad» de la bomba molotov, debido a que habría tenido una mecha de material plástico o nylon lo que no resulta compatible con el fin de este tipo de artefactos.
En relación a su defendido, Norambuena señaló que se estudia pedir pericias psiquiátricas, debido a que familiares del detenido, señalan que padecería de bipolaridad. Finalmente, consultado sobre el vínculo de los dos detenidos, el abogado afirmó que se conocen a través de redes sociales, pero que no existiría una amistad propiamente tal.
Guillermo Cáceres, abogado de quien se sindica como cómplice y conductor del vehículo donde se dan a la fuga, afirmó que recurrirán a la Corte de Apelaciones, pues «entendemos que la medida cautelar impuesta a mi representado resulta excesiva», ya que «existen dudas respecto a la participación que recaen a mi representado en los hechos… No hay antecedentes que haya tenido conocimientos de las acciones del otro imputado, se habrían retirado del lugar conjuntamente, pero tampoco está claro si existió una coordinación previa, intención o un plan».
Finalmente, Javiera Oyarzún, abogada de la Intendencia Regional, parte querellante en este caso, expresó que a pesar de no invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado sino que se han hecho parte ante la infracción a la Ley de Armas, sin embargo, no se descarta a raíz de los resultados de la investigación, solicitar una «reformalización de la investigación por la Ley de Seguridad del Estado».
