Desde este miércoles 1 de mayo entró en vigencia la nueva Reforma de Pensiones en Chile, una de las principales promesas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, la cual busca mejorar de forma estructural el sistema previsional del país. Esta transformación incluye un conjunto de medidas que se aplicarán de manera progresiva en los próximos años.
El primer paso ya comenzó con la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía, que se convierte en un beneficio universal. Este mecanismo está destinado a personas que han tenido interrupciones en sus cotizaciones producto de desempleo, con el objetivo de reforzar sus futuras pensiones.
Entre los cambios más relevantes, destaca el aumento gradual de la cotización obligatoria con cargo al empleador, que pasará del 1,5% actual a un 8,5% en un período de 9 a 11 años. De este porcentaje, un 4,5% será destinado a las cuentas individuales de los trabajadores y el 4% restante al Seguro Social Previsional (SSP), un fondo colectivo con fines redistributivos.
A partir de septiembre de este año, se implementará también un aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU), alcanzando los $250.000 mensuales para los jubilados mayores de 82 años. Esta medida se irá ampliando a mayores de 75 años en 2026 y a personas desde los 65 años en 2027.
Otro punto clave es la incorporación de un nuevo Seguro Social con enfoque de género, que entrará en vigencia en enero de 2026. Este contempla una compensación por años cotizados y un bono específico para mujeres, con el fin de igualar las pensiones entre hombres y mujeres considerando la diferencia en esperanza de vida y trayectorias laborales.
Finalmente, para agosto de 2027 se programó la primera licitación del stock de afiliados al sistema, donde se subastará el 10% del universo total a la AFP que ofrezca la comisión más baja, la cual deberá mantenerse por un período de cinco años.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca avanzar hacia un sistema mixto que combine cuentas individuales, solidaridad intergeneracional y un rol más activo del Estado en el aseguramiento de pensiones dignas.
