El Estado de Chile admitió su responsabilidad parcial por abusos en sus centros de reclusión de menores y la muerte de 10 adolescentes en 2007 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La representación chilena reconoció los hechos y cumplió con su deber de investigación, aunque rechazaron la falta de castigo a los responsables, argumentando que no encontraron evidencias de delito doloso. Se impusieron sanciones administrativas a seis funcionarios y se sobreseyó el caso. Las familias de las víctimas recibieron una indemnización y se reconoció la integralidad de la reparación.
El subsecretario de Justicia enumeró las medidas adoptadas por el Estado para poner fin a los abusos en el Sename, en respuesta a recomendaciones de la CIDH. Se creará una Comisión de Verdad y Reparación para abordar casos de violencia institucional desde 1980. A pesar de los esfuerzos, las condiciones de reclusión y los casos de abusos y muertes en los centros del Sename persisten, según las víctimas y la abogada de la CIDH.
La presidenta de la Corte IDH dio un plazo para la presentación de alegatos por escrito, señalando que, si bien se valoran las medidas para evitar la repetición de abusos, las mejoras aún no se reflejan completamente en la práctica. A pesar de las normativas y reformas implementadas, las malas condiciones en los centros del Sename permanecen y la situación aún no ha mejorado de manera significativa.
