El diputado Sergio Bobadilla (UDI), integrante de la comisión mixta del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, planteó que al igual que la llamada Ley Longueira, esta nueva iniciativa «tiene un origen ilegítimo», dadas las cifras desactualizadas del Gobierno sobre el desembarque de la merluza.
Consultado en El Diario de Cooperativa respecto a si cree que la propuesta actual es mejor que la antigua normativa de pesca, aprobada en 2013, el parlamentario por la Región del Biobío sostuvo que «la Ley Longueira tiene sus virtudes y también, por cierto, sus carencias, como todo cuerpo legal».
Atendidos los cuestionamientos por la intervención indebida de parte de la industria en la tramitación de la ley anterior, el gremialista apuntó que «podríamos decir que esta (la iniciativa del Ejecutivo) también tiene un origen ilegítimo, producto de la mentira y el engaño en que incurrieron el ministro de Economía (Nicolás Grau) y el subsecretario» de Pesca, Julio Salas.
En ese sentido, Bobadilla lamentó que «en este Gobierno se permite que autoridades como el ministro y el subsecretario mientan descaradamente, e incidan con esa mentira, al entregar datos falsos, en la decisión que toman los diputados en un tema tan importante (…) En cualquier país decente, respetuoso de las normas, una situación como esta ya los habría sacado de sus cargos«.
«No estoy empatando, jamás me ha gustado el tema del empate: estoy constatando una realidad, de que aquí hubo engaño, datos falsos entregados por el Ejecutivo, y sin duda, eso induce a que algunos parlamentarios tomen decisiones en base a esos datos. Y para mí, eso también es una situación irregular, y por eso podría decir que esta ley que se está tramitando tiene un origen ilegítimo», insistió.
Preguntado sobre cuántos votos se resolvieron a partir de tal información, el diputado se limitó a sostener que «es probable que haya cambiado un voto, y eso marcó la diferencia«, e instó a que «analicen las votaciones de nuestro sector».
«No podemos privilegiar a un sector por sobre otro»
Con todo, en este penúltimo trámite del proyecto actual, el parlamentario -que hace un año fue descubierto en un copy paste de indicaciones a la medida de la industria-, argumentó que «los intereses de la pesca artesanal por cierto que también los comparto, pero no podemos privilegiar a un sector por sobre el otro».
Lo anterior, «en el sentido de que dejamos expuestos a muchos trabajadores a quedar sin trabajo, y no solo hay una empresa (PacificBlu, con sede en Talcahuano) que ha manifestado esto, hay dos o tres que podrían llegar a la misma situación. Se debe mantener la continuidad de los recursos para que las líneas de producción funcionen en forma permanente», puntualizó.
«Creo que dar a conocer lo que puede ocurrir no es presionar, hay una realidad. En mi zona cierra Huachipato, deja a 5.000 personas sin trabajo, y con el inminente cierre de (PacificBlu), que va a dejar sin trabajo a 3.000 personas, ¿no te hace sentido que por lo menos los que somos de la zona hagamos nuestros mejores esfuerzos para que eso no ocurra?», remató el diputado del Biobío.
