En la sesión, quedó de manifiesto la importancia de contar con más información sobre los efectos económicos que tendrá esta herramienta en las inversiones, como también sobre el real número de beneficiados.
Hasta el 16 de mayo, las y los senadores, y el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones al proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico triplicándolo, que cursa su segundo trámite en la Cámara Alta.
En la pasada sesión ordinaria, la Sala aprobó en general, la norma iniciada en mensaje con 18 favor y 4 abstenciones, por lo que el texto volverá a la Comisión de Minería y Energía que estudiará el articulado. Hasta ahora, la instancia ha realizado una serie de audiencias con distintos actores relacionados.
La propuesta tiene por objeto apoyar a la población más vulnerable a pagar las cuentas eléctricas que han experimentado un alza sucesiva en el último tiempo. En concreto, se triplica el subsidio entregado por el Gobierno a principios del 2024, permitiendo que más familias se vean favorecidas llegando al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
PROYECTO
En concreto, la norma pretende otorgar un apoyo adicional a las familias de menores ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los operadores de servicios sanitarios rurales, para enfrentar las alzas de las cuentas de suministro eléctrico durante los próximos semestres.
De esta forma, se busca triplicar el número de hogares beneficiados por el subsidio eléctrico entregado el 2024 pasando de 1,8 millones a 4,7 millones de hogares. Así, se alcanzaría la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Junto a esto, se aumenta el monto para aquellos hogares vulnerables pertenecientes a sistemas medianos.
El texto también establece un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes. Asimismo, extiende al 2027, el subsidio eléctrico que expiraba en 2026; y disminuye las tarifas a un determinado grupo de clientes.
A su vez, el proyecto obliga al Ministerio de Hacienda a hacer aportes anuales al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Para 2025 y 2026, el monto será de 115 mil millones de pesos. Para 2027, será de 95 mil millones de pesos.
En línea con lo anterior, se establece una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 a las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas. Se aplicará en 2025 y 2026 y será equivalente a 5 dólares por cada tonelada emitida. Se excluyen de este gravamen aquellas compañías que operen sobre la base de biomasa. De igual modo, las que operen exclusivamente en un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200 MW.
La tercera fuente de financiamiento corresponde a un cargo al FET para los años 2025, 2026 y 2027. Esto fue rechazado en el primer trámite, por lo que el ministro de Energía, Diego Pardow adelantó que lo repondrán en la Sala del Senado en su oportunidad. Éste aplica a todos los retiros que realizan las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales, estuvieran o no sujetos a regulación de precios.
DEBATE EN SALA
En nombre de la Comisión de Minería y Energía, el senador Juan Luis Castro manifestó que “se trata de otorgar una ayuda adicional a las familias más vulnerables y las micro y pequeñas empresas respecto al alza de las tarifas eléctricas. Estas medidas surgieron en el seno de una mesa técnica. Se busca llegar a un 40% del RHS, a los electrodependientes y los servicios sanitarios rurales”.
Tras ello, el senador José Miguel Insulza pidió segunda discusión asegurando que “este proyecto es extremadamente peligroso. Estuve en el ChileDay, donde fuimos abordados junto al ministro, por distintos fondos de inversión para hacernos ver que eran perjudicados por este proyecto, en particular por sus formas de recaudación. El ministro diseñó un proyecto para 4 millones de personas, pero en realidad eso es excesivo. El ministerio no necesita ese dinero que se les está exigiendo a los inversionistas”. Tras una discusión, el parlamentario desistió de su petición.
Con todo, el ministro de Energía, Diego Pardow explicó que “en la Cámara Baja algunos sectores de la industria pidieron revisar un pilar de financiamiento y estamos considerando reponer aquello (cargo FET). La idea de la votación de hoy es en general para seguir avanzando en acuerdos amplios para llegar con un alivio tarifario a los que más lo necesitan”.
Dado que al principio se solicitó segunda discusión, las y los senadores dividieron sus posturas a la hora de entregar su respaldo a la norma.
Algunos enfatizaron “la necesidad de apoyar a las familias más vulnerables y las comunidades de agua potable rural con esta herramienta y de legislar -con celeridad- considerando que se espera la aprobación de esta ley para abrir un nuevo proceso de postulación a este subsidio”.
En la misma línea, se recordó la historia temprana que llevó al descongelamiento de las tarifas eléctricas, la constitución de una mesa técnica -conformada por ambas Cámaras- para generar herramientas que permitan amortiguar el alza de las cuentas y la idea del Gobierno de ampliar el subsidio.
Desde la otra vereda, se cuestionaron los cálculos realizados por el Ejecutivo sobre los potenciales beneficiarios y los métodos elegidos para recaudar recursos para solventar el subsidio. En particular, los congresistas reconocieron que la norma tiene un sentido social, pero “perjudica las reglas del juego de las empresas que firmaron contratos con antelación e invierten en nuestro país”. Así el principio de autocontención fue mencionado varias veces en las argumentaciones.
En cuanto al alza en sí misma, la Sala recordó que, a la fecha, las tarifas ya se han incrementado un 60%, y en julio vendrá otra de un 7% promedio, pero que en algunas regiones podría superar un 10%.
