En la Región, el operativo se desarrolló en un módulo de imputados de Puerto Montt y en un módulo de condenados de Osorno y Castro. En total, se decomisaron 15 teléfonos, 26 armas blancas y 3 contenedores con licor artesanal.
Como parte del Plan de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde junio del año 2022, Gendarmería de Chile efectuó el séptimo allanamiento nacional simultáneo de 2025, el que se desarrolló en las 16 regiones del país.
En la Región de Los Lagos, el procedimiento se concentró en un módulo de imputados del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, en un módulo de condenados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y en un dormitorio de condenados del Centro de Detención Preventiva de Castro, con un total de 308 privados de libertad intervenidos.
En el recinto de Alto Bonito, el operativo se efectuó en el Módulo 22 de imputados reincidentes, que alberga a 144 personas en prisión preventiva, donde se incautaron 13 teléfonos, 8 armas blancas de confección artesanal y una bolsa con licor artesanal.
Por su parte, en Osorno, el procedimiento se llevó a cabo en el Módulo 2 de condenados, que alberga a 133 privados de libertad, donde se decomisaron 18 armas blancas de confección artesanal, 2 teléfonos, 1 cargadores, 1 cable usb y 2 envases con licor artesanal.
Finalmente, en Castro, el registro se realizó en el dormitorio 5 de condenados, que alberga a 31 privados de libertad, donde no decomisaron elementos ni sustancias prohibidas.
El Director Regional de Gendarmería en Los Lagos, Coronel Edgardo Caniulef Gajardo, destacó la trascendencia de este tipo de procedimientos.
“Estos allanamientos tiene como objetivo principal generar condiciones de seguridad y de respeto a los Derechos Humanos al interior de los recintos penales. Ello significa reducir riesgos de agresiones a nuestro personal, reducir los riesgos de agresiones entre los privados de libertad y reducir riesgos de fuga y de comisión de delitos desde el interior de las cárceles. En esta ocasión, este trabajo nos permitió incautar un total de 15 teléfonos, 26 armas blancas y 3 envases con licor artesanal”.
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuenzalida Palma, explicó que “estos procedimientos son parte de la política penitenciaria que hemos elaborado desde el Gobierno, junto con Gendarmería, para mantener establecimientos penitenciarios seguros, donde el control del Estado sea total.
Hemos tenido un operativo exitoso, pero no nos podemos confiar, porque el trabajo de la seguridad al interior de los recintos penales es una labor constante y permanente”.