La Comisión de Salud del Senado inició el análisis de un proyecto de ley que busca fortalecer el financiamiento de la Ley Ricarte Soto, normativa que permite acceder a diagnósticos y tratamientos de alto costo para pacientes que enfrentan enfermedades complejas en Chile.
La propuesta contempla aumentar el aporte fiscal anual desde los actuales $100 mil millones a $185 mil millones, junto con introducir modificaciones para mejorar la administración de los recursos y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Durante la sesión, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que el Ejecutivo decidió continuar con la iniciativa impulsada durante la administración anterior, considerando la urgencia de entregar mayor financiamiento al fondo.
Más de 52 mil pacientes beneficiados
La Ley Ricarte Soto, vigente desde 2015, ha permitido entregar cobertura a más de 52 mil pacientes, contemplando actualmente 27 enfermedades y 67 tecnologías sanitarias garantizadas.
Sin embargo, la ministra advirtió que el sistema enfrenta dificultades presupuestarias debido al aumento sostenido de los costos y de la cantidad de personas que requieren tratamientos.
Según explicó, desde 2020 el gasto efectivo ha superado los recursos presupuestados, situación que ha limitado la incorporación de nuevas patologías.
De hecho, la última ampliación importante de enfermedades cubiertas se realizó en 2019, mientras que en 2024 solo se efectuaron modificaciones relacionadas con patologías que ya estaban incluidas.
¿Qué cambios contempla el proyecto?
La iniciativa propone elevar el financiamiento permanente del fondo y aumentar del 80% al 90% el límite de gasto permitido, con el objetivo de aprovechar una mayor proporción de los recursos disponibles.
También considera mecanismos para incorporar aportes fiscales adicionales, mejorar la evaluación científica de los tratamientos y entregar mayor flexibilidad para negociar precios con los proveedores.
Otro de los aspectos relevantes es la actualización del Precio Máximo Industrial de determinados medicamentos y la regulación del eventual traspaso de tratamientos al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).
Estas modificaciones buscan contener el crecimiento del gasto y generar condiciones que permitan evaluar la incorporación de nuevas enfermedades.
Preocupación por recorte presupuestario para 2027
Durante la discusión, parlamentarios manifestaron su preocupación por la reducción de aproximadamente $28 mil millones en términos reales contemplada para la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027.
El presidente de la Comisión de Salud, senador Juan Luis Castro, cuestionó si el aumento del aporte fiscal será suficiente para responder a la demanda de pacientes durante los próximos años.
Asimismo, las senadoras Ximena Órdenes y Karol Cariola solicitaron aclarar cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos y si existirán recursos para incorporar nuevas patologías.
Los legisladores también plantearon dudas sobre el eventual traspaso de prestaciones desde la Ley Ricarte Soto al GES, especialmente respecto de las garantías que tendrán los pacientes que actualmente reciben cobertura.
Cabe precisar que el aumento del aporte fiscal permanente propuesto por la reforma y los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2027 corresponden a procesos legislativos distintos.
Gobierno reconoce incertidumbre sobre financiamiento futuro
Frente a las inquietudes de los senadores, la ministra May Chomali reconoció que no existen certezas absolutas de que el incremento de recursos sea suficiente para responder a las necesidades del sistema.
Por ello, explicó que el proyecto también contempla herramientas para negociar mejores precios, revisar tecnologías sanitarias y generar ahorros en los tratamientos actualmente financiados.
La autoridad sostuvo que reducir los costos de las patologías ya cubiertas podría permitir, en el futuro, incorporar nuevas enfermedades al sistema de protección financiera.
Proyecto continúa su tramitación
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional y deberá continuar su discusión en el Senado antes de transformarse en ley.
El debate estará centrado en asegurar la sostenibilidad financiera del fondo, mantener las garantías de los pacientes y establecer mecanismos que permitan ampliar progresivamente el acceso a tratamientos de alto costo.
Por ahora, el aumento a $185 mil millones es una propuesta legislativa y no un cambio aprobado, mientras que la continuidad de las prestaciones actualmente garantizadas sigue siendo una de las principales preocupaciones del debate parlamentario.
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