La controversia por la reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad llegó nuevamente al Congreso Nacional. En una sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución del Senado acordó fusionar cuatro iniciativas legislativas destinadas a modificar el actual sistema de rebaja de penas.
La decisión contempla unificar tres mociones parlamentarias y un proyecto presentado por el Gobierno, con el propósito de establecer nuevas restricciones al acceso a beneficios penitenciarios para quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Buscan cerrar vacíos en la legislación
Las propuestas apuntan a modificar la Ley N.º 19.856, que permite reducir condenas sobre la base de una conducta sobresaliente durante el cumplimiento de la pena.
El presidente de la comisión, senador Vlado Mirosevic, explicó que el objetivo es impedir que personas condenadas por delitos sexuales puedan acceder a reducciones de sus penas mediante este mecanismo.
Durante la jornada también se acordó impulsar la tramitación del proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, organismos especializados que tendrían la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condenas y las medidas de seguridad.
Gobierno defiende procedimiento aplicado
En la sesión participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, acompañado por otras autoridades del Ejecutivo.
El secretario de Estado explicó que las solicitudes de reducción de condenas se tramitan mediante procedimientos establecidos por ley y que, cuando llegan al Ministerio de Justicia, corresponde verificar el cumplimiento de requisitos objetivos.
Según indicó, la evaluación de los antecedentes y del mérito de cada solicitud se realiza en etapas anteriores, por lo que el ministerio no tendría facultades para incorporar criterios adicionales fuera de lo contemplado en la normativa.
Sin embargo, estas explicaciones generaron cuestionamientos entre parlamentarios, quienes solicitaron esclarecer por qué se habrían aplicado criterios diferentes respecto de administraciones anteriores.
Parlamentarios cuestionan interpretación de la ley
Las senadoras Claudia Pascual y Daniella Cicardini plantearon que la legislación vigente ya entregaba herramientas para evitar las situaciones que originaron la controversia.
Por su parte, los senadores Andrés Longton y Arturo Squella señalaron que existe un problema de interpretación jurídica que debe ser resuelto.
La senadora Paulina Vodanovic cuestionó las explicaciones entregadas por el Ministerio de Justicia y pidió aclarar las razones para privilegiar una interpretación favorable al condenado frente a la protección de niños, niñas y adolescentes.
En tanto, el biministro Claudio Alvarado sostuvo que la presentación de distintas iniciativas legislativas evidencia la necesidad de abordar un problema que todavía no cuenta con una solución definitiva.
Revisarán antecedentes de 375 casos
Durante el debate, el Ejecutivo informó que trabaja en la recopilación de antecedentes correspondientes a 375 casos registrados durante los últimos cinco años, información que permitirá profundizar el análisis sobre la aplicación de las rebajas de condenas.
Con la decisión adoptada por la Comisión de Constitución, el Congreso buscará avanzar en una propuesta legislativa unificada que permita establecer reglas más claras y reforzar la protección de menores frente a delitos sexuales.
Por ahora, las modificaciones no se encuentran aprobadas como ley, por lo que deberán continuar su tramitación legislativa antes de entrar en vigencia.
