El Presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad política por los beneficios otorgados a 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El mandatario anunció la suspensión de nuevas rebajas de penas, una revisión de los decretos ya emitidos y confirmó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció públicamente que su administración cometió un error al conceder rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que ha provocado una fuerte controversia política y cuestionamientos al Ministerio de Justicia.
Durante una declaración realizada este lunes 26 de octubre en el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado abordó los antecedentes relacionados con 56 reducciones de penas autorizadas durante su Gobierno, correspondientes a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores.
El mandatario calificó la situación como grave e inaceptable, reconociendo que las decisiones adoptadas afectaron directamente a las víctimas y sus familias.
En ese contexto, Kast afirmó que «el Estado les falló», manifestando que, como Presidente en ejercicio, le corresponde asumir la responsabilidad política por lo ocurrido.
La controversia surgió luego de conocerse que el Ministerio de Justicia había emitido decretos que permitieron reducir las penas de personas condenadas por este tipo de delitos, generando cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar dichos beneficios.
Gobierno suspende nuevas rebajas de condenas
Como parte de las primeras medidas anunciadas, el Ejecutivo informó que suspendió la tramitación de solicitudes de rebaja de condenas correspondientes a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Además, el Presidente instruyó revisar individualmente los decretos que ya fueron emitidos, con el objetivo de determinar qué herramientas legales y administrativas pueden utilizarse para revertir sus efectos cuando corresponda.
Sin embargo, esta revisión no implica que los beneficios concedidos hayan quedado automáticamente anulados. Cualquier modificación deberá ajustarse a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
El Gobierno también anunció que impulsará un proyecto de ley destinado a impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación de menores puedan acceder a este tipo de reducciones de pena.
Para avanzar en esta iniciativa, el Ejecutivo buscará incorporar propuestas legislativas que ya se encuentran en discusión en el Congreso Nacional.
Ministro de Justicia continuará en su cargo
Uno de los puntos que generó mayor atención fue la decisión del Presidente Kast de mantener en sus funciones al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, pese a los cuestionamientos por su participación en la firma de los decretos.
El mandatario explicó que solicitar la salida del secretario de Estado no solucionaría necesariamente los problemas que permitieron conceder estos beneficios.
Por ello, decidió encomendarle la responsabilidad de esclarecer lo sucedido, liderar las medidas correctivas y trabajar en modificaciones que eviten situaciones similares.
La determinación se produjo en medio de críticas provenientes de distintos sectores políticos. Desde la oposición, parlamentarios han planteado la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro.
Más de 300 rebajas de condenas en años anteriores
Durante su intervención, Kast también señaló que, a lo largo de los últimos años, el Estado ha concedido reducciones de penas a más de 300 personas condenadas por abuso sexual o violación de menores.
Con este antecedente, el mandatario sostuvo que el problema no se limita a su administración y que es necesario revisar el marco normativo que ha permitido otorgar dichos beneficios.
No obstante, los 56 casos conocidos durante el actual Gobierno corresponden a decisiones administrativas adoptadas bajo su gestión, lo que motivó el reconocimiento público de responsabilidad.
Los antecedentes también han abierto una discusión sobre los alcances de la normativa vigente y los criterios que deben aplicarse al momento de resolver solicitudes de reducción de penas.
Debate continuará en el Congreso
El anuncio presidencial abre una nueva etapa en la discusión legislativa, donde deberán analizarse los mecanismos para restringir las rebajas de condenas y establecer las condiciones bajo las cuales podrían revisarse los beneficios ya otorgados.
Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma legal, persisten interrogantes sobre los efectos de los decretos emitidos, las responsabilidades administrativas y la posibilidad jurídica de modificar decisiones que ya han producido consecuencias.
La controversia mantiene en el centro del debate nacional la protección de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las víctimas y los mecanismos de control sobre las decisiones del sistema de justicia.
