Frank Sauerbaum aseguró que cerca de 500 mil personas utilizan el sistema público de salud sin realizar cotizaciones y planteó la necesidad de revisar el acceso a beneficios sociales. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre migración, financiamiento de la salud y derechos de las personas extranjeras en Chile.
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, cuestionó el acceso gratuito a prestaciones de salud y otros servicios públicos por parte de personas extranjeras que permanecen de manera irregular en Chile, argumentando que esta situación genera una presión adicional sobre los recursos del Estado.
En una entrevista publicada por BioBioChile este domingo 25 de octubre, la autoridad abordó las medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Durante la conversación, Sauerbaum sostuvo que cerca de 500 mil personas reciben cobertura gratuita a través de Fonasa sin efectuar cotizaciones, situación que vinculó con las dificultades que enfrenta la red pública de salud.
Sin embargo, la cifra corresponde a una afirmación de la autoridad y no permite establecer que todas esas personas sean migrantes irregulares ni que constituyan la causa principal de las listas de espera.
Cuestionamientos al uso de servicios públicos
El director de Migraciones manifestó su preocupación por el financiamiento de prestaciones sociales, señalando que el país debe avanzar hacia un sistema que establezca mayores exigencias y responsabilidades para quienes residen en territorio nacional.
En ese contexto, relacionó el acceso gratuito a la atención médica con problemas como la disponibilidad de medicamentos, la demora en las consultas y la saturación de establecimientos asistenciales.
Sus declaraciones también apuntaron a la necesidad de revisar las condiciones en que las personas extranjeras acceden a determinados beneficios financiados con recursos públicos.
Propone mayor reciprocidad con otros países
Otro de los puntos abordados por Sauerbaum fue el trato que reciben los ciudadanos chilenos cuando necesitan atención médica en el extranjero.
La autoridad relató el caso de un chileno que, según señaló, habría sufrido un accidente en Colombia y no pudo recibir atención debido a su situación migratoria.
A partir de este ejemplo, planteó que Chile debería buscar acuerdos de reciprocidad con otros países para establecer condiciones equivalentes de acceso a servicios de salud.
Actualmente, la legislación chilena reconoce el acceso a determinadas prestaciones sanitarias independientemente de la situación migratoria, por lo que eventuales restricciones requieren considerar el marco legal y las obligaciones de protección de derechos vigentes.
Gobierno busca reforzar el control migratorio
Las declaraciones se producen en medio de una serie de iniciativas del Ejecutivo orientadas a reducir la permanencia irregular de extranjeros en el país.
Entre las medidas anunciadas se encuentra un proyecto para facilitar la salida voluntaria de personas en situación irregular, que les permitiría abandonar Chile sin determinadas sanciones migratorias y posteriormente solicitar autorización para regresar mediante los procedimientos establecidos.
Sauerbaum también señaló que el Gobierno busca fortalecer la fiscalización laboral y mejorar los mecanismos administrativos para concretar expulsiones.
El debate sobre el acceso a Fonasa se suma así a la discusión nacional sobre cómo compatibilizar el control migratorio, la sostenibilidad financiera de los servicios públicos y la protección del derecho a la salud.
Hasta ahora, las declaraciones del director de Migraciones no constituyen por sí mismas una modificación de las condiciones de acceso a Fonasa.
¿Qué establece actualmente Fonasa?
De acuerdo con información de la Superintendencia de Salud, las personas extranjeras sin situación migratoria regularizada pueden acceder a la red pública bajo determinadas condiciones, especialmente cuando son acreditadas como carentes de recursos.
Este mecanismo permite recibir prestaciones en establecimientos públicos y no significa que toda persona migrante acceda automáticamente a atención gratuita por el solo hecho de encontrarse en Chile.
La clasificación en el tramo A de Fonasa también contempla a personas chilenas sin recursos suficientes para cotizar.
