Este lunes 12 de enero se concretó el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename), institución que durante 46 años estuvo a cargo tanto de la protección de niños, niñas y adolescentes, como del sistema de justicia juvenil para jóvenes infractores de ley.
La medida marca el fin de un modelo que reunía en un mismo organismo funciones de protección y reinserción, dando paso a una nueva estructura estatal basada en dos servicios especializados, enfocados en una atención diferenciada para cada realidad.
El proceso de transformación comenzó en 2021, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargado exclusivamente de atender a menores que han sufrido graves vulneraciones de derechos.
Posteriormente, se avanzó hacia el cierre progresivo del Sename en el ámbito de justicia juvenil, etapa que culmina ahora con el traspaso total de estas funciones al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, institución responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas en la Ley N°20.084.
Según antecedentes del proceso, el cierre del Sename en su rol de justicia juvenil se ejecutó de forma gradual. En enero de 2024 se inició el traspaso en la zona norte del país, continuó en la zona sur durante los primeros meses de 2025 y concluye este 12 de enero en la zona centro, completando así la eliminación operativa del organismo en todo el territorio nacional.
La directora del Sename durante 2024 y 2025, María Eugenia Fernández, quien lideró el proceso final de cierre, valoró el trabajo realizado por los equipos de la institución y el traspaso de aprendizajes hacia la nueva institucionalidad.
“Estos 46 años de experiencia permitieron un crecimiento institucional cuyos aprendizajes han sido traspasados a la nueva institucionalidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la reinserción y el cumplimiento de los objetivos de la ley”, señaló.
Con el cierre del Sename, Chile consolida un nuevo modelo institucional con dos entidades diferenciadas: una dedicada exclusivamente a la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados, y otra enfocada en la reinserción social y laboral de jóvenes que han infringido la ley.
De esta forma, se concreta la separación definitiva entre protección y justicia juvenil, en un intento por fortalecer la respuesta del Estado en materias de infancia y adolescencia, con atención especializada y focalizada en cada ámbito.
