Modificación a la Ley 14.908 impedirá que quienes se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos puedan postular ni acceder a fondos públicos para hacer investigación.
A partir de ahora las personas que tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos tendrán la imposibilidad de postular o adjudicarse cualquier instrumento o concurso financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Esta medida, que se logra gracias a la modificación de la Ley 14.908, es una muestra clara de protección de la niñez y es una señal de coherencia del Estado respecto del uso de fondos públicos y de su compromiso con la justicia y la equidad de género.
Al respecto, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, explicó que “sabemos que postular a fondos ANID no es algo que se hace de un día para otro. Requiere planificación, trabajo, proyección de ingresos. Lo mismo esperamos de quienes tienen una deuda con sus hijos o hijas: que se organicen, que regularicen su situación, que se hagan responsables. No se les está cerrando la puerta para siempre. Se les está diciendo: primero, cumple. Después, postula”.
En esa línea agregó que “la lógica de este proyecto es simple. Si alguien no cumple con una obligación tan básica, como es la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación. No es una sanción, sino que es una condición mínima de coherencia y también es un incentivo claro al pago porque si esa persona regulariza la deuda, puede postular”.
Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que “esta iniciativa busca entregar un mensaje potente y es que el Estado no puede premiar con recursos públicos a quienes incumplen con deberes fundamentales como padres; perjudicando a niños, niñas y adolescentes.Como Ministerio, valoramos que las y los parlamentarios nos hayan apoyado para modificar la Ley N° 14.908, porque entendemos que la protección de la infancia y el reconocimiento al rol que miles de mujeres cumplen a diario no puede seguir siendo postergado”.
Así se fiscalizará el cumplimiento de la normativa
La encargada de revisar y actualizar los antecedentes proporcionados por los postulantes a los fondos públicos para investigación será la ANID y operará de la siguiente manera:
- Al inicio de la postulación deberá verificar de manera obligatoria la inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y luego, deberá hacer lo mismo, al momento de la adjudicación de programas o instrumentos.
- Si en el cruce de datos, identifican a una persona con una inscripción vigente en el Registro, su postulación no podrá ser declarada admisible ni tampoco podría ser adjudicataria de los programas e instrumentos ejecutados por ANID.
- En resumen, la ANID deberá excluir a quienes estén inscritos como deudores del Registro de Pensiones de Alimentos de participar en sus convocatorias, y esta verificación se realizará de forma automatizada y obligatoria en dos etapas del proceso.
Actualmente, existen más de 270 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y más de 385 mil niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres.
