La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de revertir 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La acción judicial busca que los decretos que autorizaron estos beneficios sean declarados ilegales y arbitrarios, argumentando que podrían representar un riesgo para la seguridad de las víctimas.
Según lo expuesto por el organismo, las resoluciones ministeriales no habrían considerado adecuadamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ni evaluado los eventuales riesgos asociados a la liberación anticipada de los condenados.
Solicitan restablecer las condenas originales
La Defensoría cuestionó el cambio de criterio aplicado por el Ejecutivo para otorgar estos beneficios, considerando las exclusiones establecidas en la Ley N.º 19.856.
En su presentación, solicitó que se informe a los Juzgados de Garantía correspondientes para que se restablezca el cumplimiento de las penas originales, incluyendo eventuales órdenes de captura cuando legalmente proceda.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó su preocupación por las consecuencias de estas decisiones y enfatizó la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas.
“No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”, señaló.
Exigen medidas de protección para las víctimas
Además de solicitar la anulación de las rebajas de condena, la institución pidió que el Ministerio de Justicia coordine acciones urgentes con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para activar protocolos preventivos destinados a proteger a las personas afectadas.
También requirió la entrega de informes pendientes y medidas para mantener bajo estricta reserva las identidades de las víctimas, con el propósito de evitar situaciones de revictimización.
La acción judicial busca que se revise la legalidad de los beneficios otorgados y que el Estado adopte medidas concretas para resguardar los derechos y la seguridad de niños, niñas y adolescentes afectados por delitos sexuales.
