Al menos tres orgánicas radicales están en el ojo de los investigadores como parte de las pesquisas destinadas a esclarecer el atentado ocurrido en la madrugada del 20 de abril pasado, cuando 12 encapuchados que portaban armas largas y cortas llegaron hasta el kilómetro 45 de la ruta Q-61, en Santa Bárbara, provincia de Biobío, una de las cuatros provincias del sur del país que se encuentran en Estado de Excepción Constitucional y que, por ende, cuentan con refuerzos militares.
Pese a ello, los desconocidos intimidaron a los cuatro guardias que se encontraban en el lugar, a los cuales además golpearon, para luego incendiar 47 camiones, una camioneta y tres máquinas que participaban de las faenas de construcción de la central Rucalhue, propiedad de la empresa estatal china Water and Electric Corp.
Lo que sucedió a continuación ya es conocido: viajaron a la zona el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, así como el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien hizo presente la molestia de su Gobierno por el hecho e, incluso, dijo que la empresa debía ser compensada por las pérdidas –que se estima son superiores a los 4 mil millones de pesos–.
Como explican fuentes policiales que conocen la problemática, desde hace varios años que Rucalhue y toda la zona de Alto Bío Bío se convirtieron en un área muy álgida, debido a la resistencia que ha generado el megaproyecto entre algunas comunidades y los grupos radicalizados, a un nivel muy semejante –dicen las mismas fuentes– a lo que ocurrió hace ya más de 20 años, a raíz de la instalación de la central Ralco.
En ese contexto, los atentados son varios y, aunque no todos están dirigidos a la central o sus inmediaciones, en casi todos ellos hay menciones al proyecto. En efecto, el ataque en contra de las instalaciones fue precedido de un hecho que motivó la silenciosa presentación de una querella por parte del delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco, ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara.
De acuerdo con el documento, a las 22:24 horas del 11 de marzo de este año “uno o más sujetos cuya identidad se desconocen, provistos de fuentes de calor, iniciaron un incendio en el sector laguna Pirquinco”. Producto de dicho incendio, ocurrido a escasos 20 kilómetros de Rucalhue, se quemaron más de 500 hectáreas.
Sin embargo, no fue el único preludio de lo que ocurriría más adelante. En 2023 se produjo un ataque de características muy semejantes al del 20 de abril, aunque de menor cuantía, pero con un modus operandi muy similar.
En efecto, un comando de 12 a 13 sujetos vestidos con ropas militares y botas llegó a las 3:15 de la madrugada del 13 de septiembre de ese año hasta la comunidad Cauñicú, donde lanzaron bencina contra cuatro camiones y cuatro maquinarias, para luego incendiarlas.
Cuando el personal de seguridad de la empresa afectada, que trabajaba en el área reparando caminos, salió a ver qué ocurría, los paramilitares realizaron disparos al aire gritando “¡no queremos a nadie en la calle, conchasumadre!”.
Luego de ello avanzaron unos 500 metros, hacia otro aparcadero, seguros de que la policía no los podría atrapar, puesto que habían bloqueado el camino principal –la ruta Q-699– con árboles recién aserrados.
En el otro estacionamiento quemaron otros cinco camiones y, antes de darse a la fuga, dejaron una pancarta que decía: “Ninguna intervención capitalista quedará sin respuesta, central Rucalwue, Plan Tirsa, ley de usurpación, destrucción Itrobil Mongen, libertad PPM, lucha continúa”.
Este ataque aún no arroja detenciones, aunque desde la Fiscalía Regional del Biobío indicaron que se encuentra en investigación.
Otro hecho de violencia sucedió el 16 de julio de 2022 en el fundo Los Chenques, el cual contaba con protección policial, la que no pudo contener a un grupo de encapuchados, que atacaron a los carabineros e incluso quemaron la vivienda donde estos pernoctaban. Tras los hechos, el atentado fue reivindicado por la Resistencia Mapuche Pehuenche (RMP), organización radical que hasta ese momento había actuado en la zona cordillerana de Malleco y que, por medio de ese hecho, debutó en Biobío.
En un comunicado emitido por la RMP se indicaba que habían ejecutado la acción violentista “en homenaje a nuestros weichafes caídos en combate, en especial de Matías Catrileo, Pablo Marchant, Yordan Llempi, entre tantos”.
Dicho comunicado convenció a los investigadores de que detrás de la orgánica radical había exelementos pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), debido a la reivindicación de Catrileo y Marchant, que fueron militantes de ese grupo, así como de Weichan Auka Mapu (WAM), por la mención a Yordan Llempi, quien murió en el sector de Antiquina (Cañete) por un disparo efectuado por un suboficial de la Armada.
El caso de la CAM
Además de la RMP, el sector Biobío ha sido un lugar histórico de actuación de la CAM. El hijo mayor de Héctor Llaitul, Ernesto, fue detenido en 2022 acusado de haber cometido un atentado en las cercanías de Los Ángeles, junto a otros militantes de la CAM, todos los cuales fueron finalmente absueltos.
Del mismo modo, un primo suyo, Bastián Llaitul Vergara, fue detenido en 2023, acusado de haber participado el 13 de octubre de 2023 junto a otros sujetos en el ataque efectuado en contra de dos camiones, en el camino a Antuco, donde atacaron a los conductores para quemar los vehículos. Tras ello dejaron un lienzo que pedía la libertad de Ernesto Llaitul y adjudicaba el hecho a la “ORT Marco Paillao, CAM” –“ORT” es la sigla de “órgano de resistencia territorial”, que es como la CAM denomina a las unidades que ejercen actos de violencia en nombre suyo–.
Uno de los choferes avisó a Carabineros, cuyos funcionarios interceptaron el jeep en que escapaban los encapuchados, logrando su detención, después que –según la versión policial– intentaran atropellar a dos uniformados.
En el caso ya se presentó acusación y el próximo 22 de mayo se realizará en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles la audiencia de preparación de juicio.
Según la acusación presentada por el fiscal Michelangelo Bianchi, se están pidiendo 42 años en total en contra de Óscar Cañuepán Calfín, y otros 33 para Llaitul y para Roberto Garling Infanta, Axel Campos Villallos y José Lienqueo Márquez. Asimismo, se solicitan 12 años para el vocero de la CAM, Rafael Pichún Collonao, quien fue detenido a inicios de 2024 en Santiago.
Además de todos ellos, la Fiscalía pide nueve años en contra de Tania Zagal Albornoz, una exfuncionaria municipal que está acusada de haber proporcionado un mapa del lugar donde estaban los camiones y la ubicación de las fuerzas policiales en el sector.
El factor WAM
De acuerdo con la querella por delitos de la Ley Antiterrorista presentada a fines de abril por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, todo apunta a la WAM, debido a que una de las pancartas encontradas en el sitio del atentado contra los camiones y máquinas que participan de las faenas en Rucalhue decía “Libertad a Luis Tranamil y a todos los PPM, Yordán Llempi, Matías Catrileo”.
Dichos mensajes –asegura el libelo– son semejantes a varios firmados por la WAM, en otros atentados ocurridos en Biobío y La Araucanía, en los cuales reivindican a Luis Tranamil (condenado por el homicidio del cabo Eugenio Naín y hermano de Fidel Tranamil, el fundador de la WAM), así como a Yordan Llempi y a otros militantes de dicha organización presos en otras causas.
Sin embargo, como también reivindican a Catrileo –a quien las mismas fuentes definen como “la figura consular de la CAM, el ícono máximo de los weichafe”–, es por ello que indican que no es descartable que el hecho haya sido también cometido por descolgados de ese grupo o por la Resistencia Mapuche Pehuenche, entre otras cosas porque “no hay indicios de actividad de la WAM hacia Alto Biobío. Ese es un grupo que surge en la Región de La Araucanía, que se escinde de la CAM, por considerarla poco radical, y que de a poco se va expandiendo hacia el norte, hacia la Provincia de Arauco, donde llegan a disputarle el terreno a la Resistencia Mapuche Lafkenche, al sur de Cañete y en toda la zona de Tirúa”.
Sin perjuicio de eso, otro investigador señala que “es llamativa la mención a sujetos pertenecientes a grupos distintos y también es llamativa la falta de reivindicación. Un atentado de ese volumen es algo de lo que cualquier orgánica violentista quisiera jactarse, por lo cual es extraño que nadie lo haya hecho hasta el momento”.
