Una nueva denuncia judicial se suma a la controversia generada por las rebajas de penas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Chile. Esta vez, la acción apunta directamente a ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones, por una eventual comisión del delito de prevaricación.
Según informaron La Tercera y CNN Chile, los abogados Raimundo Palamara y Maximiliano Murath ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional, solicitando investigar las actuaciones de magistrados que participaron en fallos relacionados con la reducción de condenas por este tipo de delitos.
La presentación cuestiona una interpretación judicial basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, que habría sido aplicada en cerca de 300 resoluciones vinculadas a condenas correspondientes a causas anteriores a 2022.
De acuerdo con los denunciantes, este criterio jurisprudencial habría sido utilizado posteriormente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para fundamentar decisiones relacionadas con beneficios de reducción de condenas.
Buscan determinar eventuales responsabilidades de magistrados
La denuncia plantea la necesidad de esclarecer si algunos jueces dejaron conscientemente de aplicar una prohibición legal vigente o si sus decisiones estuvieron respaldadas por una interpretación jurídicamente válida.
Raimundo Palamara, integrante de la Fundación Fuerza Ciudadana, cuestionó que las investigaciones se concentren únicamente en las autoridades del Ejecutivo, argumentando que también corresponde examinar el origen de los criterios judiciales utilizados para conceder estos beneficios.
En tanto, Maximiliano Murath, vinculado al Partido Nacional Libertario, sostuvo que resulta fundamental investigar la responsabilidad que eventualmente podrían tener ministros de la Corte Suprema en la interpretación de la normativa durante los últimos años.
Entre los antecedentes entregados a la Fiscalía figuran más de diez resoluciones de tribunales superiores. Cinco de ellas corresponden al 14 de abril de 2026, donde, según la denuncia, participaron en la mayoría favorable los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo.
Polémica también involucra al Ministerio de Justicia
Esta nueva acción se produce en medio de una controversia que también afecta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al exsubsecretario Luis Silva.
Ambos fueron denunciados anteriormente por parlamentarios de oposición por una eventual prevaricación administrativa, situación que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
La polémica surgió luego de conocerse que se habían otorgado rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, generando cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Ante la controversia, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, además de impulsar modificaciones legales para restringir estos beneficios.
Por ahora, la denuncia contra los magistrados busca determinar si existen antecedentes que justifiquen una investigación penal, sin que su presentación implique que se haya acreditado la comisión de un delito o la responsabilidad de los jueces mencionados.
El caso continúa generando debate sobre la interpretación de la legislación penal, la aplicación de beneficios penitenciarios y las garantías de protección a las víctimas de delitos sexuales contra menores de edad.
