En el marco de su gira por el norte del país, el mandatario entregó los detalles de las iniciativas que impactarán directamente a esta problemática.
Con el objetivo de sumar nuevas medidas contra la inmigración ilegal, el Presidente José Antonio Kast, en compañía del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, firmó dos proyectos de ley que atacan de manera directa esta problemática.
Se trata de una reforma constitucional para aumentar el tiempo de retención de los inmigrantes para ser expulsados, y un proyecto para perseguir penalmente a quienes realicen tráfico y traslado de inmigrantes ilegales.
El Presidente, en medio de una visita a la Región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno el despliegue del Plan Control Fronterizo y las capacidades implementadas para reforzar la vigilancia, el control territorial y la protección de la frontera norte del país, recalcó que ambas iniciativas son importantes, ya que entregarán más herramientas y atribuciones legales para enfrentar la inmigración ilegal.
Los datos muestran que entre 2018 y 2024 se registraron más de 216.000 ingresos por pasos no habilitados en Chile. Ambas iniciativas buscan precisamente cerrar este círculo, ya que golpean las redes que hacen negocio con la inmigración ilegal y, al mismo tiempo, devolverle al Estado la capacidad real de expulsar a quien ingresó vulnerando la ley.
Detalles de los proyectos contra inmigración ilegal
Aumento del tiempo de retención de inmigrantes para ser expulsados
La primera iniciativa es una reforma constitucional para ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera con orden de expulsión puede permanecer detenida mientras se materializa esa medida.
Hoy ese plazo tiene un tope rígido de cinco días —uno de los más cortos del mundo—, insuficiente para completar trámites indispensables como la identificación, la notificación, la obtención de documentos de viaje, la coordinación consular y la compra de pasajes.
La reforma reemplaza ese tope por un rango de entre cinco y sesenta días, renovable y con control judicial en cada renovación. Se trata de una medida administrativa —no de una sanción penal— cuyo único fin es asegurar que la expulsión que ordena la autoridad efectivamente se concrete.
“Ustedes saben que hoy en día hay cinco días para concretar. Una vez que a la persona se le ubica, se le retiene, hay cinco días donde uno lo puede mantener retenido y pasado ese plazo, si no ha sido expulsado, tiene que dejarlo de nuevo en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar”, señaló el Presidente José Antonio Kast.
A modo de referencia, España contempla hasta 60 días, Italia hasta 180 y la Unión Europea hasta 18 meses para fines equivalentes.
Penas para quienes lucran con la inmigración ilegal
La segunda iniciativa modifica el Código Penal para ampliar el delito de tráfico de migrantes. Hoy la ley sólo castiga a quien facilita o promueve la entrada ilegal al país.
La iniciativa introduce dos modificaciones centrales:
- Amplía el delito actual para sancionar no solo la facilitación del ingreso ilegal al país, sino también la facilitación de la salida ilegal desde Chile hacia el exterior, cerrando un vacío que las redes del crimen organizado han aprovechado para captar personas al interior del territorio y coordinar su egreso clandestino.
- Crea un nuevo delito —el tráfico de migrantes al interior del país— que sanciona a quienes, con ánimo de lucro, trasladen o transporten dentro del territorio nacional a personas extranjeras en situación migratoria irregular. Esta conducta no estaba tipificada, pese a que puede ser ejecutada por actores distintos de quienes operan en la frontera y sin ningún vínculo con ellos.
El proyecto establece agravantes cuando se pone en riesgo la vida o la integridad de la persona afectada, cuando se trata de un menor de edad, o cuando el delito lo comete un funcionario público.
