Una denuncia por presunto acoso laboral y discriminación al interior de Carabineros mantiene abiertas diversas acciones administrativas y judiciales en la Región de Los Lagos. La afectada es una funcionaria diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA), quien asegura haber enfrentado situaciones de hostigamiento por parte de compañeros y superiores.
Según antecedentes dados a conocer por Radio Bío Bío, la uniformada, identificada con las iniciales I.G., se encuentra apartada de sus labores desde febrero de 2026, luego de experimentar problemas que, de acuerdo con su testimonio, se prolongaron por más de un año.
La denunciante, quien posee una discapacidad acreditada, sostiene que las situaciones vividas en su entorno laboral afectaron considerablemente su salud mental, provocándole episodios de ansiedad y un cuadro depresivo severo.
Uno de los hechos que expuso involucraría a un exgeneral de la institución, quien habría reaccionado de forma agresiva cuando la funcionaria presentó una solicitud para continuar sus estudios superiores y desarrollar actividades de capacitación sobre autismo destinadas al personal.
La carabinera también cuestionó la respuesta institucional frente a su situación de salud, asegurando que no recibió la atención médica y psicológica que necesitaba, por lo que debió asumir personalmente los gastos de sus tratamientos.
Carabineros reconoce investigación administrativa
El recientemente asumido jefe de Carabineros en la Región de Los Lagos, general Francisco Aravena, confirmó que los antecedentes denunciados están siendo abordados mediante un sumario administrativo.
No obstante, la autoridad policial evitó referirse en profundidad a los hechos, argumentando que existen procedimientos judiciales relacionados con la situación.
“Los casos judiciales radican en la jurisdicción de los tribunales. Particularmente, ese caso está radicado en el estamento al que yo no puedo hacer referencia. Sé que aún se encuentra en proceso y también existe un sumario administrativo asociado”, expresó Aravena.
De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, los antecedentes también llegaron hasta la División de Control y Planificación Institucional de las Policías.
Desde esa instancia se indicó que la documentación fue derivada a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, para determinar las instrucciones que correspondan.
Contraloría solicita antecedentes y fija plazo
Otro de los organismos que tomó conocimiento del caso fue la Contraloría General de la República, que requirió una respuesta formal de Carabineros frente a los reclamos de la funcionaria.
El organismo fiscalizador estableció un plazo de 10 días a partir del 3 de noviembre para que la institución entregue sus descargos y antecedentes, con la participación de su equipo jurídico.
Asimismo, la controversia llegó al Segundo Juzgado de Puerto Montt mediante una acción civil que aborda presuntas expresiones inapropiadas contenidas en conversaciones de WhatsApp entre la denunciante y un superior.
En esa presentación se pide examinar el contenido de los mensajes, considerando que el funcionario involucrado conocía previamente el diagnóstico de autismo y la condición de discapacidad de la carabinera.
Denunciante busca protección ante organismos nacionales e internacionales
Además de las gestiones administrativas, la funcionaria acudió a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt mediante un recurso de protección, buscando resguardar sus derechos frente a las situaciones denunciadas.
El caso también fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas de protección ante el presunto riesgo para su integridad.
Actualmente, la afectada continúa fuera de sus funciones mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
La investigación administrativa y las acciones judiciales deberán establecer los hechos y determinar si existen responsabilidades por las conductas denunciadas.
