
La Fiscalía Regional de La Araucanía inició una investigación de oficio tras conocerse la existencia de grupos anónimos de Telegram utilizados para compartir fotografías y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento, situación que ha generado preocupación entre las afectadas.
Según informó 24 Horas, las indagatorias preliminares apuntan a una red de difusión de contenido privado que afectaría principalmente a mujeres de las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
El material compartido habría sido obtenido desde perfiles de redes sociales como Instagram y aplicaciones de citas como Tinder, además de registros privados recopilados sin autorización de las personas involucradas.
Grupos reunían a miles de usuarios
De acuerdo con los antecedentes conocidos, los grupos investigados reunían a miles de participantes, quienes no solo compartían imágenes y videos, sino que también realizaban solicitudes de contenido íntimo de mujeres específicas.
Las investigaciones consideran antecedentes sobre posibles involucrados en sectores de Temuco y Gorbea.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que entre las víctimas habría una adolescente de 16 años, situación que deberá ser investigada por el Ministerio Público para determinar las eventuales responsabilidades penales.
Víctimas impulsaron denuncias masivas
El caso tomó notoriedad luego de que las propias afectadas organizaran denuncias a través de plataformas digitales, buscando visibilizar la difusión de su material privado.
Según consignó 24 Horas, algunas víctimas acusaron una falta de respuesta inicial al intentar denunciar los hechos ante las instituciones correspondientes.
Ante esta situación, la Asociación de Abogadas Feministas de La Araucanía (Abofem) comenzó a entregar orientación jurídica a las afectadas, advirtiendo sobre la gravedad de estas conductas y su relación con la violencia de género digital.
Desde la organización recomendaron conservar capturas de pantalla y respaldar los antecedentes disponibles, para posteriormente presentar las denuncias ante el Ministerio Público.
La Fiscalía deberá establecer la identidad de los responsables, determinar el origen del material difundido y esclarecer las eventuales responsabilidades penales de quienes participaron en su distribución sin consentimiento.





