La información entregada por el Ministerio de Justicia abrió un debate sobre los criterios utilizados para reducir penas y los mecanismos de supervisión de estos beneficios.
Una controversia se ha generado en Chile luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informara sobre rebajas de condenas que beneficiaron a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La situación ha provocado cuestionamientos respecto de los mecanismos legales que permiten modificar las penas impuestas por los tribunales y las condiciones que deben cumplir las personas condenadas para acceder a estos beneficios.
27 condenados por abuso sexual y 29 por violación
De acuerdo con los antecedentes publicados originalmente por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que permitieron reducir las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Del total de beneficiados, 27 cumplían condenas por abuso sexual y 29 por violación. Las resoluciones fueron adoptadas administrativamente por el Ministerio de Justicia, sin que cada una respondiera a una orden judicial individual.
¿Por qué se otorgaron las rebajas?
El ministro Fernando Rabat explicó que las decisiones se fundamentaron en la legislación vigente al momento de cometerse los delitos y en criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema.
En febrero de 2022 entró en vigor una modificación legal que excluyó a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores del beneficio de reducción de penas por comportamiento sobresaliente.
Sin embargo, el secretario de Estado argumentó que dicha restricción no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes de la reforma.
La controversia se concentra en si el Ministerio debía conceder directamente los beneficios o mantener el rechazo de las solicitudes para que cada caso fuera revisado por los tribunales.
Corte Suprema aclara responsabilidad de las decisiones
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que los decretos fueron dictados por el Ministerio de Justicia en ejercicio de sus atribuciones.
La magistrada precisó que los tribunales pueden pronunciarse sobre estas materias cuando se presentan las acciones judiciales correspondientes, pero no intervienen automáticamente en todas las resoluciones administrativas.
Sus declaraciones surgieron luego de que el ministro Rabat fundamentara las rebajas en decisiones anteriores del máximo tribunal.
Gobierno anuncia medidas para restringir beneficios
Ante las críticas provenientes de distintos sectores políticos, el ministro de Justicia anunció que el Ejecutivo respaldará iniciativas legislativas destinadas a impedir nuevas rebajas de condenas para autores de delitos sexuales contra menores.
Asimismo, comprometió suma urgencia para avanzar en modificaciones legales que permitan resolver las controversias relacionadas con estos beneficios.
La situación también ha generado preocupación por la protección de las víctimas y la necesidad de garantizar que las decisiones penitenciarias consideren adecuadamente la gravedad de los delitos.
El debate continuará en el Congreso, donde se espera analizar los alcances de la legislación vigente y las eventuales modificaciones para restringir el acceso a reducciones de penas.
