Una fuerte controversia se generó en Chile luego de conocerse que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que provocó el rechazo de la Defensoría de la Niñez.
A través de un comunicado emitido este miércoles 21 de octubre, la institución manifestó su preocupación por la decisión y anunció que solicitará antecedentes al Gobierno para conocer los fundamentos utilizados en la aprobación de estos beneficios.
Según una investigación publicada por Interferencia, las rebajas fueron concedidas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, durante la administración del presidente José Antonio Kast.
Del total de casos, 27 corresponden a condenas por abuso sexual y 29 por violación de menores de edad.
Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Justicia
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, cuestionó la decisión y recordó que desde febrero de 2022 existe una normativa que excluye de este tipo de beneficios a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores.
Se trata de la Ley N.º 21.421, que estableció restricciones para acceder a reducciones de condena en casos de especial gravedad.
El organismo sostuvo que resulta necesario esclarecer las razones que llevaron al Ministerio de Justicia a modificar el criterio utilizado anteriormente, cuando se rechazaban solicitudes de esta naturaleza.
Asimismo, advirtió que las decisiones del Estado deben considerar especialmente los derechos de las víctimas, incluyendo su acceso a la justicia, protección y reparación.
Califican la medida como un retroceso
Desde la Defensoría de la Niñez señalaron que el otorgamiento de estos beneficios genera preocupación por sus posibles consecuencias en la protección de menores víctimas de violencia sexual.
Anuar Quesille recordó los avances legislativos implementados durante los últimos años para fortalecer la protección de la infancia, entre ellos la imprescriptibilidad de determinados delitos sexuales contra menores, la legislación sobre explotación sexual y la implementación de entrevistas videograbadas.
En ese contexto, el organismo calificó la entrega de estas rebajas como un retroceso en los esfuerzos del Estado por garantizar una protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.
La institución también planteó que, si bien existen controversias jurídicas respecto de hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma de 2022, estas deben resolverse considerando tanto la legislación aplicable como los derechos de las víctimas.
Gobierno asegura que aplicó criterios de la Corte Suprema
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que las rebajas se fundamentan en la interpretación que la Corte Suprema ha establecido respecto de la aplicación de la normativa.
Según el secretario de Estado, la prohibición incorporada en 2022 no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia.
De esta manera, el Ministerio sostuvo que los decretos administrativos siguieron criterios jurisprudenciales establecidos por el máximo tribunal del país.
Sin embargo, la polémica también se ha centrado en el procedimiento utilizado para otorgar los beneficios, debido a que las 56 solicitudes fueron tramitadas administrativamente y no correspondieron a órdenes judiciales individuales.
Organismo evaluará eventuales acciones
La Defensoría de la Niñez informó que continuará realizando un seguimiento de los antecedentes relacionados con estas rebajas de condena.
Además, solicitará al Ministerio de Justicia información sobre las medidas implementadas para resguardar a las víctimas y, una vez analizados los antecedentes, evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
La controversia abre un nuevo debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios, los límites legales de las reducciones de condena y las obligaciones del Estado frente a víctimas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
