El Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Regularización de Emergencia, iniciativa que busca facilitar y acelerar la obtención de títulos de dominio para familias afectadas por incendios, terremotos, inundaciones u otras catástrofes.
La propuesta, presentada el jueves 25 de junio junto a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, apunta a resolver una de las principales dificultades que enfrentan los damnificados tras una emergencia: la falta de regularización de sus propiedades.
Actualmente, muchas familias deben esperar cerca de dos años para completar este trámite, situación que retrasa o incluso impide el acceso a subsidios habitacionales, ayudas de reconstrucción y otros beneficios estatales.
Con el nuevo procedimiento especial, el plazo máximo para obtener el título de dominio podría reducirse a aproximadamente seis meses, permitiendo que los afectados regularicen su situación hasta cuatro veces más rápido que con el sistema tradicional.
Entre los cambios considerados se encuentra la disminución de los tiempos para las visitas técnicas, revisión de antecedentes, publicaciones, períodos de oposición e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Además, el proceso sería completamente gratuito para las personas damnificadas. El Estado asumiría los costos asociados a publicaciones en el Diario Oficial, certificados e inscripciones, evitando que factores económicos impidan a las familias acceder al beneficio.
De ser aprobado por el Congreso, el procedimiento podrá ser utilizado por personas afectadas por una catástrofe o emergencia, que residan en zonas donde se haya declarado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y que cumplan con los requisitos legales establecidos.
Contar con un título de dominio regularizado es fundamental para acceder a programas de reconstrucción del Ministerio de Vivienda, subsidios habitacionales, créditos de BancoEstado, apoyos de mejoramiento de viviendas y beneficios de organismos como Indap y Conadi.
La iniciativa busca convertirse en una herramienta permanente para que el Estado pueda responder con mayor rapidez frente a futuros desastres naturales y evitar que la burocracia retrase la recuperación de las familias afectadas.
