La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en contra de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, con el objetivo de impedir que se concrete la entrega de datos personales de menores de edad que participan en programas públicos vinculados a la identidad de género.
Según informó ADN Radio, la acción judicial busca frenar la ejecución de un oficio emitido por la Contraloría, en el cual se solicita al Ministerio de Salud la identificación individualizada de niños, niñas y adolescentes inscritos en la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y en el Programa Salud Trans.
Datos solicitados
El requerimiento incluye antecedentes como RUT, nombre social y registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso y egreso, establecimiento hospitalario correspondiente y estado de vigencia dentro del programa.
Desde la Defensoría sostienen que estos antecedentes constituyen datos “sensibles” y de carácter “reservado”, cuya divulgación podría afectar gravemente la privacidad y los derechos fundamentales de los menores involucrados.
Acusaciones de ilegalidad
En el recurso presentado ante la justicia, el organismo acusa “ilegalidad” y “arbitrariedad” en la actuación del ente contralor, argumentando que la solicitud atentaría contra garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
En particular, señalan que la medida afectaría el derecho a la vida e integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la Defensoría advierte que la solicitud desconocería estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, los cuales establecen una protección reforzada de los derechos de la infancia, especialmente en materia de datos personales y vida privada.
Postura de la Contraloría
Desde la Contraloría General de la República se ha indicado que la información fue solicitada con el fin de verificar la correcta utilización de recursos públicos asignados a dichos programas.
El requerimiento fue reiterado el pasado 16 de enero, luego de que la Subsecretaría de Redes Asistenciales se negara a entregar los antecedentes individualizados solicitados.
El caso deberá ahora ser resuelto por la justicia, que determinará si procede o no la entrega de los datos requeridos por el organismo fiscalizador.
