El presidente José Antonio Kast promulgó este martes la ley que amplía el plazo máximo para considerar una situación como flagrante, entregando mayores márgenes de acción a las policías durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito.
Según informó CNN Chile, hasta ahora, en determinados casos —como cuando una persona es identificada por víctimas o testigos, aparece en registros audiovisuales o es encontrada con objetos vinculados al delito— la detención por flagrancia procedía si no habían transcurrido más de 12 horas desde los hechos.
Con la nueva normativa, ese plazo se amplía a 24 horas para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de la Autoridad Marítima, podrá extenderse hasta las 48 horas.
Policías podrán solicitar registros de cámaras
La nueva ley también incorpora facultades para facilitar las primeras diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes consignados por CNN Chile, las policías podrán solicitar, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de registros obtenidos por cámaras de vigilancia de comercios y viviendas, además de imágenes aportadas por testigos e información de georreferenciación que permita ubicar a responsables u objetos relacionados con un delito.
En caso de que una persona entregue voluntariamente estos antecedentes, la policía deberá levantar un acta y proporcionar una copia. Si la persona se niega, deberá informarse inmediatamente al fiscal.
Asimismo, las policías tendrán la obligación de resguardar la integridad y custodia de los registros obtenidos.
Nuevas atribuciones para la Autoridad Marítima
Otro de los cambios incluidos en la normativa es el reconocimiento expreso de la Autoridad Marítima como auxiliar de las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público.
Esto permitirá realizar determinadas actuaciones autónomas y controles de identidad en naves, artefactos navales, recintos portuarios, mar territorial y aguas interiores.
La ley también perfecciona las facultades del fiscal nacional para establecer instrucciones generales respecto de diligencias inmediatas en determinados delitos, fijando mecanismos de supervisión, control y transparencia.
La iniciativa fue tramitada en el Congreso y las diferencias entre ambas cámaras debieron ser resueltas mediante una Comisión Mixta antes de su aprobación definitiva.
