La diputada Paulina Muñoz denunció una presunta vulneración de los derechos de niños y niñas durante la aplicación de la denominada ficha CLAP en la Escuela Epson de Ensenada, en la comuna de Puerto Varas, y anunció la presentación de un proyecto de ley para fortalecer la protección de los menores frente a este tipo de procedimientos.
Según los testimonios entregados por los propios apoderados, estudiantes de enseñanza básica habrían sido sometidos a preguntas de carácter íntimo relacionadas con su sexualidad, además de la exhibición de imágenes de genitales masculinos. De acuerdo con estos relatos, también se les habría consultado si se masturbaban, si habían tenido “sueños húmedos” y sobre aspectos relacionados con su identidad.
La parlamentaria calificó los antecedentes como “graves” y cuestionó que este tipo de preguntas puedan realizarse a menores de edad sin los debidos resguardos. “Ningún adulto tiene derecho a arrancarle a un niño detalles de carácter íntimo”, afirmó.
Muñoz también denunció que, según los apoderados, los estudiantes habrían ingresado de a tres a una sala, permaneciendo sentados a poca distancia unos de otros y exponiendo aspectos de su intimidad frente a compañeros y funcionarios del CEFAN.
“Lo que se hizo se apartó completamente del protocolo del propio Estado”, sostuvo la diputada, haciendo referencia a las normas que regulan la aplicación de la ficha CLAP. Según explicó, el protocolo del Ministerio de Salud contempla el consentimiento informado de los apoderados y no establece la realización de exámenes físicos genitales.
La diputada recordó además que la legislación chilena reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y establece el principio del interés superior del niño. “Aquí estamos hablando de niños desde los 10 años. Por eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos con cualquier procedimiento que pueda afectar su intimidad, dignidad y bienestar”, enfatizó.
Ante la gravedad de los antecedentes, Muñoz solicitará oficiar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación y a la Autoridad Sanitaria de la Región de Los Lagos para que informen bajo qué fundamento se aplicó el instrumento, quién autorizó el procedimiento y con qué consentimiento fue realizado.
“Queremos saber qué ocurrió, quién tomó estas decisiones y, sobre todo, si se respetaron los derechos de los niños y el consentimiento de sus padres”, señaló.
Finalmente, la parlamentaria anunció que presentará un proyecto de ley relacionado con esta materia. “No podemos permitir que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Tenemos que establecer mayores resguardos para nuestros niños y garantizar que cualquier intervención que involucre su intimidad se realice con pleno respeto a sus derechos y con conocimi
