El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes 10 de agosto la firma de un proyecto de reforma constitucional que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La propuesta fue ingresada al Senado con suma urgencia para iniciar su discusión legislativa.
La iniciativa apunta a modificar la Constitución para entregar nuevas facultades al Estado frente a delitos vinculados al crimen organizado y a organizaciones terroristas. Entre sus principales puntos se encuentra establecer expresamente la seguridad pública como una obligación primordial del Estado en el artículo 1° de la Constitución.
Registro de organizaciones y nuevas medidas penitenciarias
El proyecto también contempla la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas, junto con regímenes penitenciarios diferenciados para quienes formen parte de estas agrupaciones.
A ello se suma la intención de agilizar los procedimientos para la incautación de bienes relacionados con estas estructuras y establecer consecuencias penales asociadas a la pertenencia a organizaciones de este tipo.
Otro de los aspectos relevantes es la propuesta de incorporar un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que permitiría intervenir de manera focalizada en zonas afectadas gravemente por la presencia del crimen organizado o el terrorismo. Según lo informado, las policías continuarían encabezando las labores de seguridad y eventualmente podrían recibir colaboración de las Fuerzas Armadas.
Ejecutivo pide avanzar con rapidez en el Congreso
Durante la presentación, el Mandatario pidió al Congreso avanzar de manera rápida en la discusión de la reforma, planteando que los desafíos relacionados con la seguridad requieren medidas que trasciendan a una sola administración.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que la propuesta está estructurada sobre tres ejes y que busca entregar nuevas atribuciones para enfrentar el crimen organizado.
A partir de su ingreso al Senado, la reforma deberá comenzar ahora su tramitación parlamentaria, instancia en la que podrá ser discutida y eventualmente modificada antes de una posible aprobación.
