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Congreso despacha a ley proyecto que sanciona los “pelotazos” hacia el interior de las cárceles

Listo para ser remitido al Ejecutivo quedó el proyecto de ley que sanciona el lanzamiento de objetos hacia el interior de establecimientos penitenciarios, práctica conocida habitualmente como “pelotazos”.

La iniciativa completó su tramitación en el Congreso luego de que la Sala del Senado aprobara de manera unánime el informe de la Comisión Mixta, instancia encargada de resolver las diferencias existentes entre ambas cámaras.

El proyecto busca fortalecer la seguridad en las cárceles y ampliar las conductas sancionadas por el artículo 304 bis del Código Penal, incorporando el ingreso, intento de ingreso o facilitación de objetos y sustancias que puedan representar un riesgo para las personas o para el control de los recintos penitenciarios.

Penas de hasta tres años de cárcel

El texto aprobado establece que quien ingrese, intente ingresar o permita introducir cualquier objeto o sustancia mediante un lanzamiento desde el exterior, o utilizando una vía no autorizada, será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.

Esto corresponde a penas que van desde los 61 días hasta los tres años de cárcel.

La sanción aumentará en un grado cuando el objeto o sustancia sea apto para afectar la seguridad o el control del recinto, poner en riesgo la integridad de quienes se encuentran en su interior o facilitar la fuga de personas privadas de libertad.

Además, la normativa incorpora una presunción de peligrosidad respecto de los elementos lanzados desde el exterior hacia las cárceles.

Buscan cerrar un vacío legal

Durante la discusión, los parlamentarios señalaron que el proyecto permitirá resolver un problema que hasta ahora no contaba con una sanción específica, pese al riesgo que representa el ingreso irregular de objetos a los establecimientos penitenciarios.

La legislación también considera los elementos prohibidos por los reglamentos de Gendarmería que sean introducidos por lugares no habilitados.

En caso de tratarse de armas, drogas, teléfonos celulares u otros artículos capaces de afectar la seguridad penitenciaria, la pena podrá ser agravada según las características y finalidad del elemento ingresado.

Tras ser despachado por el Congreso, el proyecto deberá ser remitido al Presidente de la República para su promulgación y posterior publicación como ley.

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