Un grupo de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que propone establecer sanciones penales y económicas para las personas que, sin una causa justificada, ignoren órdenes de evacuación o ingresen a sectores declarados peligrosos durante una emergencia.
La iniciativa surgió después del amplio operativo desplegado para encontrar a tres personas que permanecieron desaparecidas durante seis días en el Cajón del Maipo, en medio del sistema frontal que afectó a la zona central del país. El costo de las labores habría superado los $100 millones, según una estimación de la Dirección de Seguridad Pública de San José de Maipo.
Multas de hasta $3,5 millones
La propuesta busca modificar la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, incorporando un nuevo delito para quienes incumplan, a sabiendas y sin justificación, una orden de evacuación o una prohibición de ingreso o permanencia en una zona determinada.
Las penas contempladas corresponden a presidio menor en su grado mínimo o una multa de entre 11 y 50 UTM, equivalentes actualmente a montos que van desde aproximadamente $788 mil hasta $3.582.450. El valor de la UTM durante julio de 2026 es de $71.649.
En caso de que la desobediencia obligue a desplegar equipos de búsqueda, evacuación o rescate, el tribunal podría aplicar conjuntamente la pena de presidio y la multa.
Reembolso de los gastos del rescate
El proyecto también establece que las personas condenadas deberán devolver al Estado los costos asumidos por los organismos públicos que participaron en el procedimiento.
El Ministerio del Interior sería el encargado de determinar el monto mediante una resolución. Si la deuda no es pagada dentro de los 60 días posteriores a la notificación, los antecedentes serían enviados al Consejo de Defensa del Estado para iniciar las acciones de cobro.
Los parlamentarios aclararon que la iniciativa no busca limitar el deber de rescatar a las personas ni sancionar accidentes imprevistos, errores de evaluación o situaciones en las que alguien desconocía la orden de evacuación. La medida estaría dirigida específicamente contra quienes desobedezcan deliberadamente una instrucción oficial.
Gobierno evalúa acciones por rescate
El debate se reactivó luego del rescate de Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, quienes fueron encontrados con vida en un refugio cordillerano tras permanecer seis días desaparecidos.
Debido al costo del operativo y a las circunstancias en que ingresaron al sector, el Gobierno anunció que solicitará al Consejo de Defensa del Estado evaluar eventuales acciones por el daño patrimonial ocasionado al fisco.
Actualmente también se encuentra en tramitación el proyecto identificado como Boletín N.º 17.347-22, que busca sancionar la imprudencia temeraria de excursionistas, senderistas y montañistas cuando sus acciones provoquen costosos procedimientos de búsqueda o salvamento
