La justicia condenó a Diego Soto Montero, conocido públicamente como el “profanador de tumbas” del Cementerio General, por una serie de hechos ocurridos durante 2025 y que generaron amplio impacto público tras viralizarse en redes sociales.
El joven recibió una pena total de 450 días de reclusión, correspondiente a 150 días por cada uno de los tres delitos imputados: ultraje de cadáver, daños a monumentos y profanación de sepulturas.
Pese a la condena, Soto no ingresará a la cárcel, ya que el tribunal le otorgó el beneficio de remisión condicional de la pena, debido a que no registraba condenas anteriores. Con ello, deberá cumplir la sanción en libertad, bajo supervisión de Gendarmería.
Videos viralizados originaron la investigación
El caso se conoció luego de la difusión de videos donde el imputado aparecía patinando sobre mausoleos del Cementerio General, entre ellos el del expresidente Salvador Allende, además de ingresar a criptas y manipular restos humanos.
Tras la viralización de los registros, la Municipalidad de Recoleta presentó una denuncia, dando inicio a una investigación por daños a monumentos nacionales, ultraje de cadáver y ultraje de sepultura.
Durante las diligencias, personal policial allanó el domicilio del imputado, donde se encontraron osamentas y cráneos humanos que habrían sido retirados desde el recinto funerario.
Aceptó responsabilidad en procedimiento abreviado
Soto Montero permaneció más de dos meses en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena cercana a los seis años de cárcel, además de una multa económica.
Sin embargo, según lo informado por T13, el imputado aceptó someterse a un procedimiento abreviado, reconoció su responsabilidad y colaboró con la investigación, lo que permitió rebajar la sanción.
Además de la pena de reclusión, el tribunal determinó el pago de una multa de 2 UTM, equivalente a poco más de 141 mil pesos, y la suspensión de cargos públicos mientras dure la condena.
Con la remisión condicional, el condenado deberá firmar periódicamente y mantenerse bajo control en un Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Desde el tribunal advirtieron que, si incumple las condiciones impuestas, el beneficio podría ser revocado y la pena podría transformarse en cárcel efectiva.
Fuente de información: ADN Radio
