
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada el mecanismo que permitiría a la Tesorería General de la República ofrecer nuevos convenios de pago a deudores del Crédito con Aval del Estado, más conocido como CAE.
La fórmula forma parte del artículo 34 transitorio del proyecto y está dirigida a cerca de 556 mil personas morosas, cuya deuda ya fue traspasada a la Tesorería luego de hacerse efectiva la garantía estatal.
De acuerdo con lo aprobado, una vez que la ley sea publicada, los beneficiarios tendrán un plazo de 90 días corridos para suscribir el convenio y regularizar su situación.
¿Cómo operarían los nuevos convenios?
El sistema contempla que, al momento de firmar el acuerdo, la deuda deje de estar expresada en UTM y pase a calcularse en pesos chilenos, tomando como referencia el valor de la UTM correspondiente a ese mes.
Además, el monto quedaría congelado, sin nuevos intereses ni reajustes por inflación. El pago podría pactarse en un plazo máximo de 48 cuotas mensuales.
Tramos según ingresos
La Tesorería aplicaría distintas condiciones de pago dependiendo del ingreso bruto mensual del deudor.
Quienes tengan ingresos inferiores a $1.000.000 deberán pagar un pie mínimo equivalente a 1 UTM, aproximadamente $71.506, y luego cuotas mensuales del mismo valor.
Para quienes registren ingresos entre $1.000.000 y $2.000.000, el pie será de $1.000.000 o el 10% de la deuda, dependiendo de cuál sea el monto menor. En este caso, la cuota mensual corresponderá al 10% del ingreso mensual.
En tanto, las personas con ingresos entre $2.000.000 y $5.000.000 deberán pagar un pie de $1.500.000 o el 10% de la deuda, también considerando el menor valor. Las cuotas mensuales serán equivalentes al 10% del ingreso bruto mensual.
Debate por la condonación
Si bien la Comisión aprobó el mecanismo de regularización, la posibilidad de condonar el 100% del saldo remanente fue rechazada en esta etapa.
El debate estuvo marcado por la preocupación de algunos parlamentarios respecto de quienes ya pagaron o se encuentran al día con sus obligaciones. Diputados de oposición plantearon que cualquier fórmula de condonación debería considerar también un reconocimiento para los llamados “cumplidores”.
Ahora, el Gobierno deberá buscar apoyos en la Sala para reponer esta parte del proyecto. Entre las alternativas que se analizan se encuentran eventuales beneficios tributarios o devoluciones para quienes han pagado responsablemente sus créditos.
La discusión continuará en el Congreso, donde se definirá si la propuesta mantiene solo el mecanismo de regularización o si incorpora también medidas de condonación y compensación para otros grupos de deudores.





