Con respaldo unánime, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto conocido como “Ley Martín”, iniciativa que busca aumentar las obligaciones y responsabilidades de los transportistas escolares durante el traslado de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta, que ahora continuará su discusión en particular, modifica la Ley N°19.831 y surge tras la muerte de Martín Navarro Jorquera, menor de 12 años que falleció atropellado en 2022 luego de descender de un furgón escolar en la Región de Los Ríos.
El hecho ocurrió en una ruta cercana a Lanco, camino a Panguipulli, donde el estudiante era trasladado diariamente desde su establecimiento educacional hasta su hogar.
Mayor protección para estudiantes
La iniciativa busca establecer que los conductores de transporte escolar sean responsables de la seguridad física de los estudiantes durante todo el servicio, incluyendo el momento en que son recibidos en el vehículo, el trayecto y la entrega en el establecimiento educacional, domicilio o lugar previamente acordado.
Además, durante el debate parlamentario se planteó la necesidad de elaborar un catastro de puntos críticos en sectores rurales y avanzar en un reglamento que defina las condiciones mínimas de seguridad para los lugares habilitados de detención y estacionamiento de los furgones escolares.
Nuevas exigencias y control
El proyecto también precisa que el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado deberá incluir antecedentes del empresario de transporte, propietarios de los vehículos, conductores y acompañantes.
Asimismo, establece que la inscripción en el registro sólo podrá autorizarse cuando se acrediten todos los requisitos legales y se verifique que quienes mantengan contacto directo con escolares no registren condenas o inhabilidades relacionadas con delitos establecidos por la normativa vigente.
La iniciativa contempla además a los servicios de transporte escolar proporcionados por establecimientos educacionales y municipalidades.
El plazo para presentar indicaciones al proyecto se extenderá hasta el próximo 4 de junio, instancia donde parlamentarios y el Ejecutivo podrán incorporar nuevas propuestas antes de continuar con su tramitación legislativa.
