INVESTIGAN A FUNCIONARIA MUNICIPAL POR POSIBLE MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Contraloría y Fiscalía investigan las posibles irregularidades que habría cometido una funcionaria de la Municipalidad de Osorno. Los hechos se remontan al año 2017, en el marco del programa “Quiero mi barrio”, donde se detectaron irregularidades financieras, en donde se incluyen la contratación de una empresa privada para eventos inaugurales, no siendo realizados, y el uso de dineros para pagar cuentas personales. La suma total investigada ascendería a cerca de doce millones de pesos.

Al respecto, el actual Seremi de Vivienda, Rodrigo Wainraihgt, en conversación telefónica con Inet TV, señaló que “se pudo determinar la existencia de determinados hechos que podrían constituir la calidad de delitos, como falsificación de instrumento privado, y el más grave, la malversación de caudales públicos realizado por una funcionaria contratada por la Municipalidad”.

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Por su parte, Hardy Vásquez, Asesor Jurídico Municipal, aclaró al canal local que “el Municipio está bastante tranquilo, esto es una investigación normal como muchos otros donde la Contraloría investiga determinadas situaciones. Nosotros cuando conocimos estos hechos, hicimos lo que nos corresponde que es hacer la denuncia a la Fiscalía local de Osorno”.

“Estos hechos ocurrieron el año 2016-2017, y en su momento se recibió un oficio del programa Quiero mi barrio, de la administración anterior, donde nos daba a conocer estas eventuales situaciones que podrían constituir algún tipo de irregularidades y se hicieron los procedimientos correspondientes, que es hacer la denuncia en la Fiscalía e iniciar el proceso sumarial, que si bien es cierto no tuvo un avance se debió exclusivamente a que había un preinforme de Contraloría, por lo tanto se estaba a la espera del informe final para iniciar la investigación y hoy en día, la Contraloría determinó que serán ellos quienes realizaran la investigación”, explicó Vásquez, quién agregó que la funcionaria investigada sigue prestando servicios en el Municipio, debido a que no existe motivo jurídico para su desvinculación, puesto que las investigaciones aún no arrojan resultados.