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Gobierno planteó que se avance en una ley especial de ejecución de penas

Ante la Comisión de Constitución, el Ejecutivo presentó las bases de una indicación sustitutiva a la propuesta original, apelando a la necesidad de generar un solo cuerpo normativo sobre la materia. El grupo parlamentario, en tanto, no logró consenso sobre la vía en que se continuará votando en particular, postergando dicha decisión para la próxima jornada.

Una sola ley. Esa es una de las bases propuestas por el Gobierno para avanzar en materia de ejecución de sanciones penales, modificando con ello el tenor de la moción original que apunta, más bien, a enmendar diversos textos legales.

Así lo expuso el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y su equipo cercano ante la Comisión de Constitución de la Cámara. Ello, en el contexto de la presentación de los lineamientos de la indicación sustitutiva de la iniciativa en trámite, promovida por el diputado Marcos Ilabaca (PS).

Gajardo sostuvo que el Poder Judicial recomienda desarrollar un solo cuerpo legal sobre ejecución de penas. Con ello, acotó, se espera terminar con la dispersión normativa donde tienen cabida disposiciones del Código Penal, leyes como la de sustitución de penas y la orgánica constitucional de Gendarmería y el reglamento de establecimientos penitenciarios. Además, dijo que tampoco hay uniformidad de criterios y distinto tipo de funcionamiento de las entidades relacionadas.

Remarcó que hay ausencia de mecanismos de apelación para actos vulneratorios para los presos. Tal situación obliga a actuar a través de recursos de protección.

Explicó que la indicación sustitutiva contempla un primer grupo de normas de carácter general. En ellas se regulan el ámbito de aplicación de la ley. Luego, viene un cuerpo donde se definen principios rectores de este sistema.

En tercer lugar, está la regulación del procedimiento judicial. Incluye temas como la definición de competencias, penas sustitutivas, reducción de tiempos de condena, libertad condicional y mecanismos de protección de derechos y de reclamación.

Por último, considera normas adecuatorias y transitorias. En este marco, por ejemplo, se indica que las disposiciones relativas a libertad condicional entrarán en vigencia el 1 de noviembre del año de su publicación. La idea es precaver posibles problemas con las comisiones de libertad condicional.

Falta de consenso

En la sesión que preside la diputada Karol Cariola (PC) se esperaba tomar como base para la votación en particular la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Sin embargo, no se dio la unanimidad para aquello y se postergó la decisión para una nueva cita, en diciembre. En dicha oportunidad se tendrá a la vista dos opciones: avanzar por la vía del texto plateado por el Gobierno o dejar como base la moción original, ya aprobada en general.

La razón de la controversia es que hubo diversos reparos a la propuesta del Gobierno, particularmente desde la oposición. Diputados como Andrés Longton (RN), Gustavo Benavente (UDI), Diego Schalper (RN) y Luis Sánchez (PREP) criticaron que se cambió negativamente el foco. Estimaron que la propuesta apunta a una visión más garantista y de defensa de los derechos de los prisioneros.

Sostuvieron que la idea es, más bien, avanzar en un sistema de ejecución de pena que de tranquilidad a la ciudadanía que efectivamente se están cumpliendo. Del mismo modo, refutaron que no se incluyeran materias como los deberes de los reclusos y sanciones ante incumplimientos.

En una perspectiva distinta, los diputados PS Leonardo Soto y Marcos Ilabaca valoraron la postura del Gobierno. En particular, reconocieron la conveniencia de avanzar en un solo marco legal y terminar con la dispersión normativa. Asimismo, observaron que tomar como base el texto del Ejecutivo no implica que no se harán cambios, acotando que, de hecho, también esperan concretar algunas enmiendas o perfeccionamientos.

Junto con la postergación de la forma en que avanzará la votación, el grupo parlamentario definió un plazo máximo para la presentación de indicaciones. Este será el viernes 9 de diciembre, al mediodía.

Otro punto mencionado, es que el Gobierno comprometió para el primer trimestre del próximo año un segundo grupo de normas relacionadas a este tema. Ellas estarán enfocadas a las materias de carácter orgánico. Es decir, a definir el tipo de tribunal o juez que se encargará de esta judicatura.












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