La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece la obligación para diputados y senadores de someterse a exámenes de detección de consumo de drogas durante el ejercicio de sus cargos.
La iniciativa, presidida en su análisis por la senadora Danisa Astudillo, propone modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objetivo de incorporar este tipo de controles como una señal de transparencia y probidad hacia la ciudadanía.
El proyecto fue respaldado en general por la instancia legislativa y se suma a otras iniciativas similares que ya han sido discutidas en el Congreso. Cabe recordar que recientemente la Sala del Senado aprobó una propuesta en la misma línea, aunque enfocada en modificar el reglamento interno de la Corporación.
Uno de los autores de la moción, el senador Esteban Velásquez, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda, sostuvo que la medida busca fortalecer la confianza pública y complementar otras normas de transparencia que ya se encuentran vigentes.
Debate por privacidad, sanciones y transparencia
Durante la discusión, uno de los principales puntos abordados fue el manejo de los resultados de los exámenes. Según se expuso en la comisión, el proyecto deja los detalles del procedimiento a un reglamento y contempla resguardar la confidencialidad de los antecedentes médicos.
Sin embargo, también surgieron dudas respecto de cómo equilibrar el derecho a la privacidad de las autoridades con el deber de probidad que exige el ejercicio de cargos públicos. Incluso, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de extender este tipo de obligación a todos los funcionarios públicos.
La senadora Danisa Astudillo advirtió que la discusión debe evitar generar “falsas expectativas”, recordando que actualmente, en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes no se someten al test solo enfrentan una multa. Además, planteó la necesidad de definir qué sanciones concretas existirán para quienes den positivo y cómo se establecerá técnicamente un eventual “consumo problemático”.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Becker señaló que las autoridades deben “dar el ejemplo” y planteó que quienes consuman drogas deben dejar de hacerlo oportunamente o enfrentar sanciones ejemplificadoras.
En las sesiones de análisis participó también la investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Gabriela Dazarola, quien expuso antecedentes sobre normas similares ya existentes, entre ellas el test de drogas aleatorio aplicado en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Además, recordó que desde febrero de este año, en el marco de la Ley de Remuneraciones del Sector Público, existe una obligación parecida para ministros y otras autoridades, quienes deben someterse a exámenes biológicos dos veces al año, con resultados públicos.
Tras su aprobación en general, la Comisión continuará ahora con la tramitación en particular, instancia en la que se espera profundizar en materias como la publicidad de los resultados, los límites del diagnóstico médico y las eventuales sanciones aplicables.
