Un nuevo avance legislativo registró el proyecto conocido como Ley Naín Retamal 2.0, luego de que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa que busca endurecer las sanciones por atentados contra funcionarios policiales y de Gendarmería.
La propuesta, correspondiente al Boletín N.º 17.662-07, busca ampliar la protección jurídica de los funcionarios de las instituciones encargadas del orden y la seguridad pública, incorporando nuevas disposiciones para sancionar agresiones y determinadas ofensas graves.
El proyecto complementa la Ley Naín Retamal original, promulgada en 2023, y actualmente continúa su tramitación en el Congreso Nacional.
¿Qué contempla la Ley Naín Retamal 2.0?
Entre las principales modificaciones propuestas se encuentra el aumento de las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad, especialmente cuando las víctimas son funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) o Gendarmería.
La iniciativa también establece criterios para determinar las penas, considerando, entre otros factores, si el delito fue cometido individualmente o por un grupo de personas.
En los casos de atentados contra funcionarios de estas instituciones, el proyecto propone aplicar penas privativas de libertad, reforzando las sanciones establecidas en la legislación vigente.
Contempla multas y penas de cárcel por ofensas graves
Uno de los puntos de la propuesta es la incorporación de sanciones específicas para quienes profieran insultos u ofensas verbales graves contra funcionarios policiales o de Gendarmería durante el ejercicio de sus funciones.
Según el texto en discusión, estas conductas podrían ser sancionadas con penas de presidio menor en su grado mínimo y multas de entre 1 y 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
La iniciativa busca establecer un tratamiento penal específico para estas conductas, aunque su redacción definitiva todavía deberá ser analizada durante la tramitación legislativa.
Cabe señalar que estas disposiciones aún no se encuentran vigentes, ya que forman parte de un proyecto de ley que debe completar su discusión parlamentaria.
Proyecto continuará su discusión en el Senado
Tras la aprobación en general, la Comisión de Seguridad Pública estableció el 26 de octubre como plazo interno para presentar indicaciones a la iniciativa.
Estas modificaciones serán estudiadas durante las próximas sesiones, antes de que el proyecto avance hacia su discusión en la Sala del Senado.
La propuesta cuenta con urgencia simple y se encuentra en su segundo trámite constitucional.
También avanza proyecto para agilizar investigaciones mediante ADN
Durante la misma sesión, la Comisión de Seguridad Pública también aprobó en general la iniciativa que busca modernizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de ADN, correspondiente al Boletín N.º 18.585-25.
El proyecto pretende reducir los tiempos necesarios para procesar y comparar huellas genéticas utilizadas en investigaciones penales, facilitando la identificación de posibles involucrados en delitos.
Actualmente, los laboratorios de Carabineros y de la PDI pueden obtener perfiles genéticos, pero determinadas comparaciones con los registros nacionales deben ser realizadas por el Servicio Médico Legal (SML).
Este procedimiento puede demorar varios meses, retrasando la entrega de antecedentes relevantes para investigaciones criminales.
La propuesta busca permitir que los laboratorios policiales realicen determinados cotejos y remitan directamente sus resultados al Ministerio Público o a los tribunales de justicia.
Buscan mejorar la identificación de responsables de delitos
De acuerdo con los antecedentes presentados durante la discusión, la modernización del sistema permitiría aprovechar de mejor manera los registros genéticos disponibles.
Esto podría contribuir a relacionar evidencias obtenidas en investigaciones distintas, identificar coincidencias entre perfiles genéticos y entregar nuevos antecedentes en causas que permanecen sin esclarecer.
No obstante, la coincidencia de una huella genética deberá ser considerada como un antecedente de investigación y evaluada junto con las demás pruebas del proceso penal.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de los senadores integrantes de la Comisión durante la sesión del martes 20 de octubre.
Ambos proyectos deberán continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley, por lo que las modificaciones propuestas todavía no entran en vigencia.
