El Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció este viernes 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena, en medio de la controversia generada por los beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La decisión fue informada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, luego de una serie de cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos y organismos vinculados a la protección de la infancia.
Según explicó la cartera, la medida estará acompañada de iniciativas legislativas destinadas a modificar las condiciones bajo las cuales se conceden estos beneficios penitenciarios.
Gobierno reconoce vacío legal y anuncia cambios
El Ministerio de Justicia señaló que, tras revisar la normativa vigente, identificó un problema relacionado con la aplicación de las restricciones legales a personas condenadas por delitos cometidos antes de 2022.
En febrero de ese año entró en vigencia una modificación legal que excluyó de las rebajas de condena por conducta sobresaliente a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que existe una controversia jurídica respecto de la aplicación de esa restricción a hechos anteriores a la reforma, debido al principio que impide aplicar retroactivamente una ley penal más perjudicial para el condenado.
Ante este escenario, el ministro Fernando Rabat anunció que se suspenderá la tramitación de nuevos decretos mientras se impulsan modificaciones legales destinadas a resolver esta situación.
¿Qué medidas anunció el Ministerio de Justicia?
Entre las principales iniciativas que impulsará el Ejecutivo se encuentra un proyecto de ley para modificar el procedimiento mediante el cual se obtiene la reducción de condena por conducta intachable.
La propuesta contempla revisar los requisitos para acceder al beneficio, ampliar las causales de exclusión y establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de las restricciones.
Además, se buscará incorporar mecanismos que garanticen el derecho de las víctimas a ser escuchadas durante estos procedimientos.
El Gobierno también respaldará otras iniciativas legislativas que actualmente se encuentran en discusión en el Congreso Nacional y que buscan restringir estos beneficios para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Proponen que tribunales resuelvan beneficios penitenciarios
Otra de las medidas anunciadas es el respaldo al proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado.
La propuesta busca que las solicitudes de reducción de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces especializados.
De esta manera, determinadas decisiones que actualmente son evaluadas mediante comisiones establecidas por la legislación pasarían a ser resueltas por tribunales de justicia.
El objetivo, según el Ejecutivo, es fortalecer los mecanismos de revisión y entregar mayor certeza jurídica a estos procedimientos.
Polémica por 56 condenas rebajadas
La controversia comenzó luego de que una investigación del medio Interferencia revelara que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia otorgó 56 reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
De estos casos, 27 correspondían a condenas por abuso sexual y 29 por violación.
La revelación provocó cuestionamientos desde la oposición y también desde sectores oficialistas, mientras que la Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación por los efectos de estas decisiones en la protección de las víctimas.
El ministro Rabat había defendido previamente la actuación del Ministerio, argumentando que se aplicaron criterios jurídicos establecidos en fallos de la Corte Suprema.
No obstante, los decretos fueron dictados administrativamente por el Ministerio de Justicia y no correspondieron a órdenes judiciales individuales para cada uno de los 56 casos.
¿Qué pasará con las rebajas ya otorgadas?
La suspensión anunciada por el Gobierno apunta a detener la tramitación de nuevos decretos, pero no implica que las 56 rebajas de condena previamente concedidas queden automáticamente anuladas.
Durante una entrevista con Meganoticias, el ministro Rabat señaló que el presidente José Antonio Kast no tenía conocimiento previo de la firma de estos decretos, argumentando que se trata de decisiones adoptadas por el titular de Justicia en el ejercicio de sus atribuciones.
Asimismo, reconoció que gran parte de las personas beneficiadas probablemente ya habría abandonado los recintos penitenciarios, aunque no entregó un número definitivo.
Por ahora, el Ejecutivo busca avanzar en modificaciones legales que permitan resolver la controversia y establecer nuevas restricciones para futuras solicitudes de reducción de condena.
La discusión continuará en el Congreso Nacional, donde deberán analizarse los cambios propuestos y su compatibilidad con los principios constitucionales que regulan la aplicación de las leyes penales.
