La Fiscalía de Quellón, en la provincia de Chiloé, formalizó a un funcionario de la Sexta Comisaría de Carabineros por el delito de apremios ilegítimos, tras ser acusado de protagonizar un procedimiento que habría vulnerado la dignidad de un estudiante del Liceo Rayen Mapu.
Según informó 24 Horas, los hechos investigados ocurrieron el pasado 17 de agosto, cuando personal policial concurrió al establecimiento educacional debido a una denuncia por el presunto robo de un teléfono celular.
En medio del procedimiento, el funcionario imputado habría ordenado a uno de los estudiantes acercarse y posteriormente lo habría obligado a bajarse los pantalones y realizar una sentadilla frente a sus compañeros de curso.
Fiscalía investiga presunto trato humillante contra estudiante
El fiscal subrogante de Quellón, Felipe Rodríguez, entregó antecedentes sobre la situación que dio origen a la investigación penal.
“Le ordenó a uno de los estudiantes que estaba presente que se le acercara. Acto seguido, lo instó a que bajara sus pantalones y lo obligó a que realizara una sentadilla enfrente de todo el grupo curso, generando así una situación humillante para el joven”, explicó el persecutor.
Debido a la gravedad de los hechos denunciados, el Ministerio Público instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento policial y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Tribunal decretó medidas cautelares
Tras la audiencia de formalización, el tribunal resolvió imponer al funcionario las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
Asimismo, se estableció un plazo de investigación de 90 días, durante el cual podrán desarrollarse nuevas diligencias destinadas a reunir antecedentes sobre lo ocurrido.
En este periodo, tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como la defensa del imputado podrán solicitar actuaciones investigativas adicionales.
El caso continuará bajo investigación del Ministerio Público, mientras se determina la eventual responsabilidad del funcionario policial en los hechos denunciados.
Cabe señalar que la formalización constituye una etapa del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad, por lo que el imputado mantiene su presunción de inocencia.
